ORFIS: solo detecta opacidad en manejo de recursos de la UPAV en 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La revisión de la Cuenta Pública 2025 de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) no derivó en un monto de presunto daño patrimonial, pero sí documentó inconsistencias en el manejo de recursos que involucran a una asociación civil que administraba cuotas de estudiantes y reconoció un adeudo de 42.7 millones de pesos con la institución.

El hallazgo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), en su informe de la Cuenta Pública 2025, contrasta con las denuncias que en meses recientes ha presentado la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) ante autoridades estatales y federales por un presunto esquema de lavado de dinero y delincuencia organizada relacionado con recursos de la UPAV.

En agosto, el secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, informó que se investigan alrededor de 280 millones de pesos vinculados con la universidad y señaló que los recursos eran administrados por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL A.C.), desde donde eran transferidos mediante distintos mecanismos e intermediarios antes de llegar a docentes y trabajadores.

La fiscalización del ejercicio 2025 no determinó un daño patrimonial monetario para la UPAV. El ORFIS emitió dos observaciones administrativas y dos recomendaciones preventivas relacionadas con el manejo de los ingresos, el registro contable de obligaciones y la documentación presentada durante la auditoría.

La asociación que administraba las cuotas
La principal observación, identificada con la clave FP-073/2025/002 ADM, corresponde al convenio de colaboración celebrado el 2 de enero de 2025 entre la UPAV y EDAL A.C., así como a un adendum firmado el 15 de enero de ese mismo año.

A través de esos instrumentos, la universidad permitió que la asociación civil gestionara, administrara y dispersara recursos provenientes de cuotas de recuperación y servicios educativos.

El ORFIS señaló que la UPAV no acreditó que las cuotas pagadas por los estudiantes hubieran ingresado a las cuentas bancarias institucionales ni que fueran registradas en la contabilidad oficial.

Además, en el adendum la universidad reconoció un adeudo de 42 millones 710 mil pesos con EDAL A.C., relacionado con gastos corrientes, entre ellos gratificaciones a asesores solidarios, aguinaldos y apoyos a colaboradores. La obligación no fue registrada en los estados financieros de la UPAV al cierre de 2025.

Pagos y documentación pendiente
El esquema también permitió que la asociación civil realizará pagos relacionados con personal operativo y colaboradores de la universidad. Durante la auditoría, la UPAV y la asociación no presentaron toda la documentación requerida para acreditar la legalidad y el destino de los recursos.

Entre los documentos faltantes se encuentran padrones de pagos a asesores solidarios con RFC, CURP y firmas de recibido, los instrumentos notariales de la asociación civil y la comprobación de que la fundación cumplió con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El organismo fiscalizador no determinó en esta revisión que los recursos hubieran sido objeto de lavado de dinero.

Pasivos con proveedores
En otra observación, identificada con la clave FP-073/2025/001 ADM, el ORFIS señaló que la cuenta de “Proveedores por pagar a corto plazo” mantenía un saldo de 215 mil 453.02 pesos al cierre de 2025.

Para febrero de 2026, la UPAV había liquidado 75 mil 408.56 pesos, por lo que permanecían 140 mil 44.46 pesos pendientes de pago o depuración.

FGE detiene a 3 exfuncionarios de la UPAV
En este contexto, la Fiscalía del Estado (FGE) ejecutó órdenes de aprehensión contra Sergio “N”, exrector de la UPAV; Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo, y Frida Narayana “N”, exjefa del Departamento de Servicios Financieros y exdirectora de Educación Superior.

Los tres fueron detenidos el 17 de enero de 2026 durante operativos realizados en Xalapa y Medellín de Bravo y posteriormente vinculados a proceso.

La investigación de la Fiscalía incluye señalamientos por incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público.