Denuncian «traición» tras apertura al fracking en México; advierten riesgos para Veracruz

Juan David Castilla/Xalapa. La Alianza Mexicana contra el Fracking y diversas organizaciones socioambientales se pronunciaron tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina abrió la posibilidad de explotar gas no convencional mediante la creación de un comité científico que evalúe su viabilidad.

Para los colectivos, este anuncio representa un giro político que contradice los compromisos asumidos por la Cuarta Transformación de no permitir la fracturación hidráulica en territorio nacional.

Las organizaciones señalan que la apuesta por el gas fósil, compuesto principalmente por metano, acelera la emergencia climática y profundiza la dependencia de los combustibles fósiles, ignorando el consenso científico internacional que, con más de 2,300 estudios publicados al 2023, demuestra daños irreversibles a la salud pública y al medio ambiente.

El posicionamiento subraya que el concepto de «fracking sustentable» es inexistente en la práctica y que las propuestas para utilizar agua residual tratada o de mar en el proceso conllevan costos operativos y energéticos que Pemex, dada su actual deuda, difícilmente podría asumir sin recurrir a la iniciativa privada transnacional.

Según proyecciones del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, incluso extrayendo todo el gas disponible, la producción sería insuficiente para cubrir la demanda nacional, beneficiando principalmente a industrias manufactureras de capital extranjero.

Los activistas advierten que esta ruta consolida un modelo extractivo que debilita la soberanía comunitaria y sacrifica territorios que ya sufren los pasivos ambientales de la industria petrolera, como ocurre en el norte de Veracruz y la región de la Huasteca.

El documento resalta tragedias recientes en el estado de Veracruz como evidencia de que la industria fósil no puede ser considerada sustentable. Se citan los impactos persistentes del derrame en el Golfo de México que afecta a comunidades costeras e indígenas, así como la explosión del pozo exploratorio Krem-1 en Las Choapas, donde a un mes del incidente los habitantes continúan respirando gases de un incendio no controlado.

Para las comunidades de la Huasteca veracruzana y del sur del estado, la expansión de la infraestructura de gas fósil representa una «sentencia de muerte» que ignora el mandato popular de defensa de la vida y el territorio expresado durante más de una década de resistencia civil.

A nivel legal, las organizaciones advierten que México podría estar incurriendo en actos internacionalmente ilícitos al ignorar las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia emitidas en 2025, las cuales obligan a los Estados a prevenir daños significativos al sistema climático.

Asimismo, señalan que la promoción del fracking contraviene las recomendaciones de la ONU, la Agenda 2030 y el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y justicia ambiental.

El mensaje de la Alianza Mexicana contra el Fracking es rotundo: la soberanía nacional no debe depositarse en tecnologías riesgosas ni en compañías estadounidenses, sino en una transición energética justa que ponga la vida digna de los pueblos por encima de los intereses corporativos.