Concesionarios de verificentros entregan a gobernadora Rocío Nahle evidencias de “moches” en Sefiplan

• Los integrantes del gremio sostienen que estas transferencias y códigos de retiro representan la prueba contundente de las presiones sistemáticas ejercidas contra los 135 concesionarios de verificentros que operan en la entidad veracruzana.

Juan David Castilla/Xalapa. Concesionarios de verificentros del estado de Veracruz aportaron pruebas documentales ante la oficina de la gobernadora Rocío Nahle García para respaldar formalmente la denuncia por presunta corrupción, extorsión y cobro de «moches» interpuesta el pasado 19 de agosto contra funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

A través de un nuevo escrito entregado y sellado el 14 de septiembre en la Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, la agrupación «Verificentros de Veracruz Unidos» dio seguimiento a la querella formal interpuesta semanas atrás, notificando al Poder Ejecutivo sobre la entrega de evidencia digital y bancaria que comprueba el actuar ilegal dentro de la estructura administrativa de la dependencia estatal, a pesar de las versiones difundidas sobre la presunta falsedad de dichos “moches”.

El documento entregado en la oficina del Ejecutivo cuenta además con copias marcadas para el titular de la Sefiplan, Miguel Santiago Reyes Hernández, así como para el titular del Órgano Interno de Control de la misma Secretaría, el licenciado Aldo Hernández Díaz, con la finalidad de que se inicien las investigaciones correspondientes e intervengan de manera inmediata en la revisión del personal adscrito a la Dirección General de Verificación Vehicular.

Entre los elementos probatorios integrados en esta nueva entrega figuran documentales privadas consistentes en impresiones de folios de operaciones bancarias. Específicamente, los empresarios exhibieron los registros de envíos de «Códigos de Retiro sin tarjeta» por montos individuales de 10 mil pesos, los cuales cuentan con un periodo de caducidad de 24 horas.

De acuerdo con lo expuesto por los denunciantes en el expediente, estos códigos de dinero en efectivo eran exigidos de forma periódica y remitidos de manera directa al número de celular proporcionado por el servidor público identificado como Jesús Serrato, señalado en la investigación como el enlace operativo y subordinado directo de la directora general de Verificación Vehicular, la doctora Paola Elizabeth López Chávez.

Los integrantes del gremio sostienen que estas transferencias y códigos de retiro representan la prueba contundente de las presiones sistemáticas ejercidas contra los 135 concesionarios de verificentros que operan en la entidad veracruzana.

Aseveran que el pago de estas sumas de dinero era condicionado por los funcionarios para «dejar trabajar de manera relajada y sin contratiempos» a los negocios, amenazando con el desabasto de hologramas, la retención de formas valoradas o la ejecución de clausuras masivas arbitrarias en contubernio con inspectores ambientales.

Asimismo, la representación legal y operativa de la asociación precisó en el escrito que cuentan con un acervo mayor de evidencias, entre capturas de pantalla, registros de llamadas y mensajes de texto dirigidos a los números 5543659724 y 2284090699, las cuales están listos para presentar formalmente ante las autoridades competentes en caso de que no exista una respuesta o resolutivo por parte de las autoridades del Estado.

La agrupación enfatizó que el recurso no tiene la intención de descalificar ni desacreditar el trabajo institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación ni la gestión de la Gobernadora, sino visibilizar y erradicar las conductas ilícitas cometidas a título personal por los servidores públicos señalados en el documento.

Los inconformes reiteraron que se mantienen a la espera de una resolución y de la aplicación de medidas disciplinarias o administrativas correspondientes contra López Chávez y Serrato. No obstante, advirtieron que, de persistir la omisión o la falta de garantías para el libre ejercicio de sus concesiones, ejercerán su derecho para presentar formalmente las denuncias y pruebas documentales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que el caso se persiga por la vía penal.