Docentes de la UPAV responden a Sefiplan tras señalamientos de «mafias de poder»

Un grupo rechaza las acusaciones y asegura que persisten adeudos; otro llama a no atribuirse la representación de toda la comunidad universitaria.

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Las declaraciones del secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, quien afirmó que los grupos que se manifiestan por los adeudos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) forman parte de las «mafias de poder» que operaban en la institución, provocaron dos posicionamientos entre integrantes de la comunidad universitaria.

Por un lado, docentes y directivos agrupados en el Movimiento Estatal «Unidos por la UPAV» rechazaron los señalamientos del funcionario, al considerar que los criminalizan y descalifican un movimiento que, aseguran, únicamente busca el pago de salarios pendientes.

En una carta abierta calificaron como «grave e irresponsable» que se les vincule con actividades ilícitas y sostuvieron que continúa existiendo un adeudo correspondiente a 2025. Afirmaron que alrededor del 95 por ciento de los docentes y directores no ha recibido el pago del periodo enero-abril de 2026 y que está por concluir un segundo periodo sin que los recursos hayan sido cubiertos.

Asimismo, cuestionaron la versión del titular de Sefiplan de que no existen adeudos con la universidad y preguntaron que, si los recursos ya fueron liberados, a quién se realizaron los pagos, pues, aseguraron, el dinero no ha llegado a quienes imparten clases.

También señalaron que el incremento salarial del 40 por ciento anunciado por las autoridades aún no se refleja en los pagos, criticaron la propuesta de contrato presentada por el Gobierno del Estado y reclamaron que no han obtenido una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle García.

Piden no asumir la representación de toda la UPAV

En contraste, docentes fundadores e integrantes de la comunidad universitaria difundieron un segundo posicionamiento en el que señalaron que ningún grupo puede asumirse como representante de toda la UPAV.

Reconocieron que existen docentes que reportan pagos pendientes y consideraron que cada caso debe atenderse con responsabilidad y conforme al marco jurídico aplicable; sin embargo, sostuvieron que ello no significa que una sola expresión represente a la totalidad de la comunidad universitaria.

También hicieron un llamado a privilegiar la unidad, el diálogo y el fortalecimiento institucional, además de mantener a los estudiantes al margen de las diferencias de carácter administrativo o laboral.

En el documento afirmaron que la universidad está integrada por miles de docentes, directivos, estudiantes y egresados con opiniones diversas, por lo que consideraron que el futuro de la institución debe construirse con transparencia, orden institucional y apego a la legalidad.

Las polémicas declaraciones

El miércoles 15 de julio, el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, afirmó que los grupos que mantienen las protestas en la UPAV están vinculados con las «mafias de poder» que durante años operaron en la institución y aseguró que la Fiscalía investiga el presunto manejo de recursos de procedencia ilícita.

«Esas quejas están muy focalizadas (…) están vinculadas con las mafias que permanecían anteriormente (…) se presume que hay recursos de procedencia ilícita. Por eso hay tres personas que están en la cárcel», sostuvo.

El titular de Sefiplan aclaró que la presunción de recursos ilícitos no implica necesariamente vínculos con la delincuencia organizada, pues recordó que el lavado de dinero también puede derivarse de actos de corrupción.

«El lavado no es solamente un tema de narcotráfico; también es cuando cometes corrupción y ese dinero ilícito lo tratas de introducir a actividades aparentemente lícitas», explicó.

El historial de la UPAV

La UPAV surgió en 2011 y, desde entonces, fue administrada por las asociaciones Alianza para el Fomento del Aprendizaje y la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), A.C., que se utilizaban para recibir los pagos de los estudiantes y cubrir los honorarios de los instructores solidarios.

Desde el 2025 maestros comenzaron a denunciar retrasos en sus pagos, por lo que el Gobierno de Veracruz asumió el control total de la institución a principios de 2026, tras una reforma aprobada por el Congreso del Estado que modificó su modelo de operación y eliminó la participación de asociaciones civiles en el manejo de los recursos.

La reforma, aprobada el 12 de enero de 2026, restituyó el carácter público de la universidad y puso fin al esquema mediante el cual asociaciones civiles administraban el cobro de cuotas y el pago a docentes.

Posteriormente, el 26 de enero, el gobierno estatal inició de manera directa la contratación del personal y la dispersión de la nómina, mientras que el 9 de febrero la Junta de Gobierno, encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, formalizó el nuevo presupuesto y la normatividad de la institución.

En marzo de este año, el Ejecutivo estatal informó que había asumido el control administrativo de la universidad con el argumento de regularizar los pagos a docentes, transparentar el manejo de los recursos y erradicar prácticas de corrupción.

Seis meses después de que el Gobierno asumió el control administrativo de la universidad, persisten las inconformidades de un sector del personal académico, que sostiene que continúan los adeudos, mientras las autoridades aseguran que el proceso de saneamiento financiero avanza.