Justicia lenta frena sanciones por daño patrimonial; señala Esteban Bautista

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local Esteban Bautista Hernández reconoció que la lentitud en los procesos de procuración de justicia ha impedido sancionar a funcionarios por presuntos desvíos de recursos en ejercicios anteriores, pese a las observaciones detectadas por órganos fiscalizadores.

Este posicionamiento se da en un contexto de críticas internas en Morena, donde el propio Bautista Hernández ha señalado que el exgobernador Cuitláhuac García representa “un lastre” para el partido, además de acusar que durante su administración hubo funcionarios que se enriquecieron.

Al ser cuestionado sobre sus declaraciones y el hecho de que el propio Congreso —con él como coordinador— aprobó la Cuenta Pública 2024, el legislador recordó que existen observaciones pendientes por un presunto daño patrimonial de 829 millones de pesos.

No obstante, destacó que el proceso de fiscalización no concluye con la revisión legislativa, ya que corresponde al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) integrar los expedientes y turnarlos a la Fiscalía, instancia responsable de determinar posibles responsabilidades.

“Después del plazo que fija el órgano de fiscalización, si no se justifica, entonces sí es daño patrimonial y se tiene que perseguir como tal”, argumentó.

Sin embargo, Bautista Hernández admitió que los resultados de estos procesos no han sido visibles para la ciudadanía, lo que alimenta la percepción de impunidad, por lo que ha buscado a representantes del ORFIS y la Fiscalía. “Hasta ahorita nadie ha ido a parar a la cárcel”, expresó.

El legislador apuntó que uno de los principales obstáculos es la tardanza en las investigaciones. Según la ley, el ORFIS tiene hasta siete años para presentar denuncias contra quienes malversaron recursos públicos. “Quizás suene un poquito lenta, porque la justicia ha sido un poquito lenta”, dijo en referencia al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción.

Aseguró que ha solicitado que las indagatorias se conduzcan con objetividad y sin distinción política, a fin de que se sancione a quienes no logren comprobar el uso de los recursos públicos.

“Quien no cumpla con las solventaciones, llámese y véngase de donde venga”, enfatizó.

Pese a ello, insistió en que no corresponde al Congreso fincar responsabilidades, sino a las instancias técnicas y judiciales. “El órgano de fiscalización integral y la Fiscalía es la que desahoga todo eso”.

Esto, luego de señalar que incluso dentro de Morena hubo funcionarios que se enriquecieron durante la pasada administración estatal.