Con veladoras, familiares de detenidos por muerte de niño Daniel exigen ampliar investigación

Juan David Castilla/Xalapa. Vestidos de blanco, con veladoras encendidas y pancartas en mano, familiares y allegados a Gilberto “N”, Ana Susana “N” y Fernanda “N” se concentraron la noche de este jueves en Plaza Lerdo de Xalapa para llevar a cabo una vigilia pacífica, en el marco del proceso penal 756/2026 por la desaparición y homicidio del niño Daniel Maximiliano, de cuatro años de edad.

Durante la manifestación frente a Palacio de Gobierno, los asistentes mostraron fotografías del menor y consignas dirigidas a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir un juicio imparcial y la exploración de nuevas hipótesis que incluyan la investigación a la madre de la víctima, descartando que su movimiento busque impunidad o la liberación inmediata de los tres procesados sin un debido esclarecimiento.

Miriam, familiar de los imputados, enfatizó que la concentración pacífica tuvo como objetivo brindar respaldo a sus allegados y confiar en que la justicia determine la verdad sobre los hechos.

Aseguró que la defensa legal confía en que existen elementos para abrir otras líneas de investigación, al tiempo que reiteró que la familia no acusa a la dependencia estatal de fabricar pruebas, sino que solicita contextualizar los hechos imputados bajo el criterio de flagrancia.

Actualmente, Gilberto “N” se encuentra vinculado a proceso por homicidio doloso calificado y delitos vinculados a la desaparición, mientras que Ana Susana “N” y Fernanda “N” enfrentan proceso por delitos relacionados con la desaparición, manteniéndose los tres bajo la medida de prisión preventiva oficiosa tras ser detenidos en un inmueble de la colonia Benito Juárez, donde fue localizado el cuerpo del menor el pasado 15 de septiembre.

Los familiares expresaron su preocupación por el estado de salud de Ana Susana “N”, quien se encuentra en tratamiento por enfermedad.

Asimismo, precisaron que permanecen a la espera de los tiempos de investigación complementaria para definir la situación jurídica de los inmuebles intervenidos durante las diligencias ministeriales.