Veracruz supera la media nacional en percepción de corrupción

Juan David Castilla/Xalapa. Tras el análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y evaluados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la entidad veracruzana refleja un panorama complejo donde la percepción sobre prácticas anómalas en el sector público se mantiene por arriba de la media nacional, pese a mostrar ligeras variaciones en la incidencia reportada por la ciudadanía.

De acuerdo con los indicadores de la medición, el 84.4 por ciento de la población adulta en Veracruz considera que los actos de corrupción en la entidad son un fenómeno frecuente o muy frecuente.

Esta cifra coloca al estado ligeramente por encima del promedio nacional, que se ubicó en 84.1 por ciento durante el periodo evaluado, confirmando que la desconfianza ciudadana sobre el desempeño de las autoridades gubernamentales continúa siendo un factor persistente.

En el rubro de confianza institucional y desempeño de trámites, la medición revela que apenas cuatro de cada diez veracruzanos manifiestan confianza en las administraciones y corporaciones locales.

Los contactos con los cuerpos de seguridad pública, así como las gestiones para la obtención de permisos, licencias e inspecciones, se mantienen como los principales focos donde la población señala haber sido víctima o testigo de solicitudes de dinero, dádivas o los denominados cobros indebidos para agilizar trámites administrativos.

Aunque a nivel nacional el IMCO advirtió que el costo promedio por persona afectada alcanzó un máximo histórico de 5,432 pesos y la tasa de prevalencia escaló a más de 15 mil actos por cada 100 mil habitantes, en el caso específico de Veracruz los registros muestran una desaceleración en la tasa de incidencia de victimización en comparación con entidades con severos incrementos como Hidalgo o el Estado de México.

Sin embargo, especialistas advierten que el elevado nivel de percepción y el impacto económico cotidiano frenan la competitividad del estado, desincentivan la inversión formal y deterioran el tejido social en las distintas regiones de la entidad.