Empresaria xalapeña denuncia que la vinculan a cártel inmobiliario; teme por su vida 

Juan David Castilla 

Entre lágrimas y ante el temor por la integridad física de sus seres queridos, la empresaria xalapeña Rosa María Martínez López denunció una campaña de difamación, acoso y presuntas amenazas de muerte orquestadas en su contra y de su esposo, desmintiendo categóricamente pertenecer o estar vinculada a una red de despojo de propiedades o al denominado «cártel inmobiliario» en la región.

Acompañada por su abogado, José Ángel Hernández Velasco, la afectada precisó que la disputa legal que sostiene desde hace más de cuatro años por un terreno ubicado en la localidad El Chico, municipio de Emiliano Zapata, tiene su origen en un litigio estrictamente civil y comercial, pues acusa el intento de despojo de una de sus propiedades. 

Detalló que dicho predio fue adquirido conforme a derecho con Antonio Hernández Basurto, acuerdo que derivó del pago de deudas y transacciones comerciales legítimas respaldadas con escrituras e historial patrimonial familiar.

Sin embargo, tras el fallecimiento del propietario originario, su viuda, Ivette Orozco Lara, exfuncionaria de la administración estatal, comenzó una serie de acciones legales y mediáticas para intentar revertir la venta, alegando un supuesto desconocimiento de las operaciones patrimoniales que su propio cónyuge realizó en vida. 

La señora Ivett laboró en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) cuando era titular Enrique Nachón. También se d eme pelo como jefa de compras en la Secretaría de Protección Civil (PC) y como jefa de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Turismo (Sectur). Además, ella ha manifestado tener el respaldo del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil. 

“Construirse una imagen cuesta mucho trabajo y la destruyes con una mentira y unos oídos que escuchen y le den resonancia. No soy una persona pública, soy una empresaria y me dedico a mi casa. Pido a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque temo por mi vida y la de mi familia; culpo directamente a esta señora de todo lo que nos pueda pasar», expresó Martínez López.

La empresaria relató que el conflicto escaló de las redes sociales a la intimidación directa en su domicilio el pasado 20 de julio, cuando elementos encapuchados a bordo de dos patrullas oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con los números económicos 4712 y 4458, cercaron los accesos a su vivienda durante cerca de 45 minutos y sobrevolaron drones a baja altura sobre el inmueble, generando pánico entre sus familiares, entre ellos adultos mayores y menores de edad.

Ante estos hechos, la afectada dio aviso al número de emergencias 911 sin recibir auxilio oportuno, motivo por el cual ya promovió un recurso y denuncia formal ante las autoridades correspondientes para que la dependencia estatal aclare quién dio la orden operativa para desplegar dicho dispositivo sin que existiera de por medio un mandato judicial o cateo formal.

Por su parte, la defensa legal a cargo del litigante José Ángel Hernández Velasco reiteró que la contraparte ha intentado evadir los compromisos contractuales legítimos recurriendo a falsedades, uso de documentos apócrifos y la manipulación del tema en plataformas digitales.

Hernández Velasco enfatizó que el linchamiento mediático ya derivó en incitaciones a la violencia en redes sociales y amenazas directas contra la vida de los involucrados, situación por la que ya se dio vista a la Policía Cibernética y se formalizarán las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) durante los próximos días.