Exalumnos piden la renuncia de Martín Aguilar como rector de la UV

Isabel Ortega/Xalapa, Ver., octubre de 2025.— El director del Centro Municipalista para el Desarrollo y egresado de la Universidad Veracruzana (UV), Rubén Ricaño Escobar, llamó a la comunidad universitaria y a la sociedad veracruzana a defender la legalidad institucional y pidió la renuncia del rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, luego de la prórroga aprobada por la Junta de Gobierno para que continúe en el cargo hasta 2029.

Ricaño afirmó que la decisión, tomada el pasado 23 de junio y sustentada en una solicitud presentada el 29 de mayo, “constituye un serio problema para la Universidad Veracruzana”, al considerar que el proceso se realizó fuera de los procedimientos ordinarios previstos para la renovación rectoral.

Recordó que la Junta de Gobierno justificó la prórroga basándose en una consulta a la comunidad universitaria y en la evaluación del trabajo de la administración actual. Sin embargo, señaló que “la decisión se tomó al margen de la legislación”, pues no se emitió la convocatoria pública prevista para la designación del titular de la Rectoría, lo que generó inconformidades entre estudiantes, académicos, exrectores, aspirantes y colectivos universitarios.

“El procedimiento no siguió los cauces ordinarios de designación”, enfatizó, lo que llevó a varios sectores internos a calificar la medida como ilegal, arbitraria y carente de legitimidad. En este contexto, mencionó que ya existen amparos promovidos para impugnar la prórroga por presuntas irregularidades de forma y fondo.

Tres razones para no otorgar la prórroga

Ricaño sostuvo que “la prórroga nunca debió otorgarse” y explicó tres razones centrales para fundamentar esa posición:

Normativa: Señaló que el reglamento universitario no prevé un procedimiento específico para prórrogas, lo que coloca el proceso “en una zona gris jurídica” y sustituye la renovación por competencia abierta. Además, advirtió que el rector no cumpliría requisitos de edad para contender nuevamente, lo que habría impedido su participación en un proceso regular.

Participativa: Afirmó que la decisión vulneró el derecho de la comunidad a elegir a sus autoridades, pues la consulta realizada no sustituyó la convocatoria formal ni garantizó transparencia. “La legitimidad universitaria se construye mediante deliberación y competencia de ideas”, puntualizó.

Ética e institucional: Consideró que una autoridad que prolonga su mandato sin renovación democrática deteriora la autonomía universitaria. “Una autoridad que se prolonga sin competencia ni rendición de cuentas afecta el espíritu democrático”, dijo.

Llamado a la comunidad universitaria

Ricaño advirtió que la prórroga erosiona la credibilidad de la institución, frena la renovación de proyectos académicos y crea un precedente que permitiría futuras extensiones de cargos sin convocatoria.

Por ello, llamó a reabrir la convocatoria para la Rectoría, transparentar los criterios que sustentaron la prórroga y reformar la normativa interna para impedir decisiones discrecionales.

“La UV tiene ante sí una disyuntiva histórica: corregir el rumbo o permitir que este antecedente erosione su futuro”, concluyó.