Exigen cumplir laudos para trabajadores del Poder Ejecutivo de Veracruz; han fallecido cinco esperando justicia

Juan David Castilla/Xalapa. El Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz mantiene la exigencia ante las autoridades estatales para el cumplimiento de juicios laborales y amparos ganados que contemplan la entrega de laudos, nombramientos definitivos, antigüedad y seguridad social para decenas de trabajadores, informó su secretario general, Acdmer Antonio Galicia Campos.

El dirigente precisó que, tras procesos judiciales que han tomado más de seis años, 33 trabajadores adheridos a la SIOP obtuvieron resoluciones definitivas para su basificación, aun con los montos pendientes por concepto de laudos ejecutoriados.

Explicó que del paquete original de amparos tramitados para 144 empleados en busca de la asignación de clave sindical, la lista se ajustó a 90 personas debido a que algunas obtuvieron sus bases en el trayecto, se retiraron o fallecieron sin ver restituidos sus derechos.

Actualmente, 57 trabajadores concentran pendientes administrativos en dependencias como la Contraloría General del Estado, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la Secretaría de Protección Civil (PC), la Secretaría de Turismo (Sectur), la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

Según lo acordado con Sefiplan, la ruta institucional iniciará con la regularización de las plazas temporales administrativas a nombramientos definitivos para aplicar la clave sindical y la adscripción a la seguridad social.

Galicia Campos lamentó la dilatación en los juzgados y los procesos de ejecución, señalando que durante el litigio cinco trabajadores perdieron la vida, por lo que la representación sindical ahora exige el pago inmediato del seguro institucional para sus viudas.

Los montos a dispersar por concepto de laudos oscilan entre los 400 mil y el millón de pesos por persona, destacando el caso de un empleado adulto mayor de la Contraloría General con más de 30 años de servicio que continúa a la espera del cumplimiento del fallo para aspirar a un retiro digno.

Por último, el líder sindical expuso que la organización —que cuenta con cerca de 700 agremiados, de los cuales 400 poseen toma de nota formal— concluyó su proceso interno de renovación respaldando al actual Comité Ejecutivo Estatal para sostener la vía legal contra la lentitud del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en la emisión de registros.