Persisten atrocidades en Veracruz: Causa en Común

Juan David Castilla/Xalapa. La tarde del pasado 25 de junio, el municipio de Moloacán, en el sur de Veracruz, se convirtió en el escenario de una de las manifestaciones más crudas de la violencia de alto impacto en el país al confirmarse el hallazgo de los restos calcinados de la comunicadora Roxana Guzmán, quien previamente había sido secuestrada y sometida a actos de tortura antes de su fallecimiento, en un crimen que no solo representa una afrenta directa a la libertad de prensa, sino que expone la extrema indefensión en la que se encuentran los comunicadores en territorio veracruzano.

Este trágico suceso se inscribe dentro de un panorama de profunda descomposición de seguridad retratado en el estudio de la organización civil Causa en Común, titulado “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos (enero-junio, 2026)”.

El reporte revela que durante la primera mitad del año se documentaron en México al menos 2 mil 529 atrocidades, lo que representa un promedio estimado de 14 crímenes de extrema crueldad por día, entre los que destacan cientos de asesinatos con tortura, feminicidios con saña desmedida y el hallazgo de numerosas fosas clandestinas.

La gravedad del caso veracruzano se acentúa al considerar las advertencias de la organización sobre la existencia de un subregistro significativo en las cifras oficiales de violencia.

Este fenómeno es alimentado por el acoso sistemático que sufren los medios de comunicación locales a manos de agrupaciones delictivas, las cuales ejercen un control estricto sobre la información en diversas regiones y silencian de manera deliberada la cobertura de los hechos de sangre.

Ante este alarmante escenario nacional, encabezado en volumen bruto por entidades como Sinaloa, Michoacán y Guerrero, Causa en Común ha urgido a las autoridades a implementar reformas institucionales profundas.

Entre las propuestas destacan el fortalecimiento presupuestal de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia para mejorar su equipamiento y profesionalización, el impulso de procesos de justicia transicional para esclarecer violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y la restitución de la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para optimizar las labores forenses de identificación y la búsqueda de personas desaparecidas.