ASF busca reformar leyes para acelerar sanciones y recuperar dinero desviado

Juan David Castilla/Xalapa. Para frenar la impunidad en el desvío de fondos públicos y acelerar la recuperación del dinero sustraído ilegalmente en administraciones pasadas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impulsa una reforma legal integral que otorgue al organismo «más dientes» y capacidad de sanción inmediata.

Así lo dio a conocer el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien destacó que existen procedimientos y expedientes pendientes de resolución que datan de gestiones anteriores, por lo que resulta indispensable modernizar el marco normativo actual para agilizar las investigaciones y los castigos.

En entrevista, el funcionario federal de origen veracruzano explicó que se mantiene una estrecha coordinación con diversas instituciones clave del país, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y dependencias del Gobierno Federal, con el objetivo de estructurar modificaciones de ley que permitan actuar con mayor celeridad.

«Lo que estamos proponiendo realmente son modificaciones a las leyes. Las modificaciones a las leyes nos van a poder hacer que tengamos una reacción mucho más inmediata a cualquier tema que tengamos para sancionar a alguien y, sobre todo, para que regresen lo que se hayan llevado indebidamente», enfatizó Hernández Palacios Cardel.

El auditor superior puntualizó que la meta central de este paquete de reformas es recortar los tiempos burocráticos y legales para lograr un resarcimiento inmediato del daño patrimonial causado al erario, además de garantizar que los responsables de actos de corrupción reciban sanciones administrativas y penales sin demoras.

Cuestionado sobre los desvíos de recursos detectados y denunciados en el estado de Veracruz en gobiernos anteriores, donde se ha cuestionado el avance en el reintegro del dinero señalado por la propia auditoría, Hernández Palacios Cardel aseveró que las investigaciones y procesos sancionadores continúan vigentes conforme a derecho.

«Están los créditos fiscales, hay resarcimientos que ya se llevaron a cabo, hay procesos penales que están llevando su curso, hay funcionarios públicos que están en la cárcel», aseveró el titular del órgano fiscalizador.

No obstante, reconoció que aunque los casos avanzan por la vía institucional, el sistema de fiscalización en México requiere de vías judiciales y administrativas más expeditas para evitar que los expedientes se prolonguen durante años.

«Todo va siguiendo los cursos legales, pero lo que necesitamos son cursos legales más activos, mucho más eficientes y mucho más rápidos», concluyó el auditor.