SEFIPLAN emite nuevo Código de Conducta; obliga a denunciar corrupción

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) publicó en la Gaceta Oficial del Estado su nuevo Código de Conducta, un instrumento que establece obligaciones éticas para las y los servidores públicos, entre las que destaca la responsabilidad de denunciar posibles actos de corrupción, así como lineamientos específicos sobre el comportamiento cotidiano dentro de las oficinas.

El documento, que es de cumplimiento obligatorio para todo el personal sin importar su nivel o tipo de contratación, subraya que la integridad institucional no sólo depende de evitar malas prácticas, sino también de actuar cuando se detecten irregularidades.

En ese sentido, el Código establece de manera clara que los trabajadores deben involucrarse activamente en la prevención de faltas administrativas y deben denunciarlas ante los órganos internos de control.

“Esto implica que, ante el conocimiento de posibles faltas o incumplimientos (…) deben asumir el compromiso de reportar, informar o denunciar de manera oportuna y responsable dichas conductas”, señala el decreto publicado en la Gaceta Oficial el pasado viernes 27 de marzo.

La disposición coloca la denuncia como un deber ético, no opcional, en línea con los principios del Sistema Anticorrupción, buscando fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en la dependencia encargada de las finanzas estatales.

Además del combate a la corrupción, el Código de Conducta incorpora reglas sobre la convivencia laboral diaria, se establece que el personal debe evitar comportamientos que alteren el ambiente de trabajo o generen molestias entre compañeros.

El documento es explícito al señalar que se deben evitar acciones como generar ruidos excesivos o “escándalo”, así como realizar actividades de compraventa dentro de las oficinas o introducir alimentos que puedan resultar incómodos para otros trabajadores.

En ese apartado, el Código indica que las y los servidores públicos deben abstenerse de “realizar acciones de compraventa o servicios ajenos a la dependencia (…) [y] evitar introducir alimentos que despidan olores fuertes o cualquier otra conducta que afecte a mis compañeros y compañeras”.

Estas disposiciones forman parte de una serie de medidas orientadas a garantizar un ambiente laboral respetuoso, ordenado y profesional, donde se privilegie la concentración y el desempeño eficiente de las funciones públicas.

El acuerdo también refuerza valores como la honestidad, la austeridad y la rendición de cuentas, e insiste en que el servicio público debe ejercerse con apego a la legalidad y al interés general. Asimismo, promueve la cultura de la denuncia sin represalias y establece mecanismos institucionales para canalizar quejas o reportes de incumplimiento.