Sergio Vera, titular del INE en Veracruz, no quiere opinar del Plan B de la reforma electoral

Xalapa, Ver.- El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Sergio Vera Olvera, afirmó que el organismo mantendrá una postura institucional, técnica y prudente frente a la propuesta de reforma electoral enviada por la presidenta de la República.

En entrevista, subrayó que el análisis y discusión de la iniciativa corresponde exclusivamente a los legisladores, por lo que el INE no intervendrá en el debate político que pueda generarse.

“Lo vemos, repito, de manera respetuosa, y sabemos que es una actividad que solamente compete a los legisladores. En ese sentido, el instituto se mantiene en la posición institucional, técnica y prudente, sin intervenir en el diálogo político que pueda despertar esto”, expresó.

El funcionario electoral señaló que, como autoridad en la materia, el INE está en plena disposición de proporcionar información técnica en caso de que el Congreso lo solicite durante el análisis de la reforma.

“Es muy importante, porque como autoridad electoral, el instituto está en plena disposición de que proporcionemos información, si somos requeridos por los legisladores, para poder intervenir en el debate que van a tener”, agregó.

Vera Olvera reiteró que el organismo no puede emitir opiniones sobre el contenido de la iniciativa, al ser una de las instituciones directamente involucradas en los posibles cambios que se plantean.

“No podemos nosotros opinar al respecto, porque somos una parte fundamental de esta reforma”, puntualizó.

En el plan B de la Reforma Electoral remitido al Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum propone que las remuneraciones de los consejeros electorales, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite de lo que ella percibe.

También establece que no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.