El Higo y Tuxtilla incumplen entrega de Cuenta Pública; enfrentarían multas
mayo 9, 2026
Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Los ayuntamientos de El Higo y Tuxtilla incumplieron con la entrega de la Cuenta Pública 2025 al Congreso de Veracruz, por lo que autoridades municipales podrían ser sancionadas con multas de hasta 117 mil pesos.
El presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso local, Miguel Guillermo Pintos Guillén explicó que 210 ayuntamientos, así como entes estatales y paramunicipales, sí entregaron la documentación dentro del plazo legal establecido; sin embargo, ambos municipios no cumplieron con la obligación prevista en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.
De acuerdo con la legislación vigente, la fecha límite para presentar la Cuenta Pública venció el pasado 30 de abril. Ante el incumplimiento, el Congreso podrá iniciar procedimientos administrativos y aplicar sanciones económicas a los funcionarios responsables.
La ley establece multas de entre 300 y mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a montos que van de 35 mil 193 a 117 mil 310 pesos.
En el caso de El Higo, encabezado por la alcaldesa Juana María Martínez Guerrero, quien llegó al cargo postulada por el Partido del Trabajo (PT), se presentó un acta de Cabildo y copia de una denuncia contra exservidores públicos como justificación del retraso en la entrega de la información financiera.
La administración anterior fue encabezada por Víctor Manuel de la Garza Sánchez, quien llegó al gobierno municipal impulsado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“Sin embargo, en el caso de Tuxtilla no recibimos ni sesión de Cabildo ni otro documento donde puedan justificar”, declaró el diputado.
De no acreditarse una causa válida para el incumplimiento, las sanciones podrían alcanzar al presidente municipal, síndico, tesorero, director de Obras Públicas, regidor encargado de la Cuenta Pública y contralor interno.
En Tuxtilla, la administración municipal es encabezada por Bertha Reyes Solano, mientras que la sindicatura está a cargo de Froylán Estrada Rendón, ambos postulados por la coalición Morena-PVEM.
“Ellos como funcionarios son los obligados porque ya los que se fueron no pueden hacer entrega de estos documentos. La transparencia y la rendición de cuentas es para todos los funcionarios”, afirmó Pintos Guillén.
El legislador agregó que el Congreso tiene como fecha límite el 15 de mayo para remitir las cuentas públicas al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), instancia encargada de revisar el ejercicio de los recursos públicos.
Precisó que el proceso de fiscalización tarda aproximadamente cinco meses; no obstante, la auditora general del ORFIS, Delia Cobos, adelantó que los informes individuales y el informe general serán entregados en septiembre, antes de concluir su gestión al frente del organismo.
