Denuncian que trabajadora ISSSTE destruyó expediente de pensionado bajo la protección de funcionarios y sindicatos
octubre 8, 2025
Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Violentando el derecho a la protección de datos personales y de manera unilateral, una funcionaria federal del ISSSTE destruyó y tiró, literalmente, al bote de basura el expediente de un derechohabiente pensionado en la Subdelegación de Prestaciones Económicas del ISSSTE en Veracruz.
En una denuncia anónima se señala a la trabajadora de base Liliana Pajonares González de destruir de manera deliberada un expediente original de un pensionado, lo que incluye documentos oficiales y datos personales sensibles,constituyendo un delito federal grave.
De acuerdo a la denuncia esto ocurrió el pasado 23 de septiembre cuando Pajonares González supuestamente rompió y desechó un archivo crucial que contenía actas de nacimiento y expedientes personales del derechohabiente.
Los mismos compañeros de trabajo denunciaron que lejos de ser sancionada esta trabajadora fue protegida por altos funcionarios y líderes sindicales que trataron de encubrir el incidente, toda vez que el acta administrativa levantada fue manipulada en favor de la infractora para reducir la sanción.
Reportan que la trabajadora de base goza del respaldo directo de altos mandos y de dirigentes sindicales específicamente de Ollín Chávez Hernández, Encargada del Despacho de la Subdelegación de Prestaciones e Ignacio de Jesús Altamirano Cantel, Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas.
Además de la protección de la Secretaria General de la sección XXXV del SNTISSSTE, María Eugenia Castañeda Elvira y de Rodolfo Ayala Salinas, representante sindical, a quien varios trabajadores acusan de utilizar su puesto para defender una «red de negocios personales» en lugar de los derechos laborales.
La destrucción de documentos oficiales con datos personales es un ilícito con serias repercusiones en la legislación mexicana. El Código Penal Federal (artículo 214) lo tipifica como «ejercicio ilícito de servicio público», castigado con penas de dos a siete años de prisión.
Aún más grave, la Ley General de Archivos (artículo 121) establece sanciones más duras, imponiendo de tres a diez años de prisión y multas elevadas para quienes sustraigan, alteren o destruyan documentos bajo su resguardo.
