Denuncian a gasera en Xalapa por cilindros incompletos y tanques en mal estado

febrero 12, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Usuarios de gas licuado de petróleo (LP) en la capital veracruzana denunciaron públicamente una serie de irregularidades por parte de la empresa «Más Gas».

Las quejas señalan presuntos robos en el pesaje de los cilindros, así como el deterioro físico de los tanques entregados en domicilios y negocios, lo que representa tanto un perjuicio económico como un riesgo de seguridad para la población.

Los inconformes detallaron que la problemática no recae en los repartidores, sino en la operatividad de la planta. Según testimonios de trabajadores y clientes, los tanques de 20 kilos no están saliendo con el llenado correspondiente; advirtieron que un cilindro de esta capacidad, completamente lleno, debería registrar un peso de entre 39 y 40 kilogramos.

Ante esta situación, han exhortado a la ciudadanía a verificar el peso de sus suministros y denunciar cualquier anomalía ante las autoridades federales.

Además del pesaje incompleto, los usuarios reportaron que los cilindros de color naranja presentan un estado físico deplorable. De acuerdo con los testimonios, la empresa se ha negado a invertir en la reparación o reposición de las unidades, lo que ha provocado incluso una disminución en el inventario de tanques que transportan los camiones repartidores.

Esta falta de mantenimiento incrementa el temor entre los consumidores por posibles fugas o accidentes derivados del uso de recipientes oxidados o dañados.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estima que, a nivel nacional, el 20 por ciento de los proveedores incumple con la entrega de cantidades completas.

Esta práctica tiene consecuencias legales severas; durante 2025, se interpusieron 43 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra establecimientos del sector por este motivo.

Bajo la Ley Federal de Protección al Consumidor, las empresas que incurran en estas faltas pueden enfrentar multas que alcanzan los 4.5 millones de pesos, la suspensión del servicio o la clausura definitiva.

La Profeco mantiene operativos de verificación constante y la facultad de colocar sellos de inmovilización en estaciones o equipos irregulares para proteger los derechos de los consumidores.