Congreso de Veracruz avala subasta de helicóptero; oposición cuestiona destino del dinero

Xalapa, Ver.- El Congreso de Veracruz avanzó en la autorización para vender mediante subasta pública un helicóptero Robinson R66, modelo 2011, cuyo valor comercial se estima en 398 mil 24 dólares, poco más de 7 millones de pesos. La propuesta generó críticas de diputados de oposición, quienes cuestionaron la falta de claridad sobre el avalúo de la aeronave y el destino de los recursos que se obtengan.

El dictamen, fechado el 19 de octubre de 2026, establece que la aeronave, propiedad del Gobierno estatal, tiene la matrícula XC-LPG y número de serie 0063. Actualmente se encuentra en el hangar del Gobierno de Veracruz, en el aeropuerto El Lencero, en Emiliano Zapata.

De acuerdo con el documento, el helicóptero presenta limitaciones para realizar tareas de seguridad pública, extinción de incendios, transporte y traslado de víveres, entre otras actividades, debido a su capacidad de carga útil. Además, mantenerlo en operación requeriría una inspección mayor del motor, estimada en 3 millones de pesos, y actualizar el sistema de aviónica ADS-B Out, con un costo calculado en 2 millones de pesos.

La solicitud de enajenación fue presentada por el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, y turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado el 15 de octubre. El dictamen considera que, por su antigüedad y limitaciones técnicas, no resulta costeable continuar invirtiendo en la aeronave.

Oposición cuestiona avalúo y destino de los recursos

Durante la discusión, el diputado priista Héctor Yunes Landa cuestionó que el dictamen no incluyera información suficiente sobre el avalúo y reclamó que la venta se planteara sin transparentar todos los elementos técnicos.

“¿Por qué no agregar el avalúo? ¿Por qué el temor de conocerlo antes? No nos escondan la información”, expresó durante una intervención en la que también criticó el procedimiento para determinar el valor de la aeronave.

Por su parte, la diputada del PAN Indira de Jesús Rosales San Román preguntó qué ocurrirá con el dinero de la venta y recordó que el Gobierno estatal adquirió otras aeronaves el año anterior. También cuestionó qué pasó con tres helicópteros que, según su intervención, no se encuentran disponibles.

Rosales criticó que, durante las inundaciones del año pasado, hubiera una embarcación que consideró adecuada para apoyar las labores de emergencia, pero que permaneciera estacionada. Sostuvo que los recursos y equipos del Gobierno deben utilizarse para atender a la población y no para fines personales.

La diputada de Movimiento Ciudadano María Elena Córdova Molina también votó en contra y cuestionó que el Gobierno pretenda vender otra aeronave sin explicar de manera suficiente el destino del dinero.

“Ya son 10 las aeronaves cuya venta ha sido autorizada, tres ya se vendieron. ¿Dónde está el dinero de esas primeras ventas? ¿En qué se gastó y qué beneficios para los veracruzanos?”, planteó.

La legisladora advirtió que antes de aprobar la operación se debía conocer cómo se utilizarían los recursos y si el estado conservaría capacidad aérea suficiente para responder ante emergencias.

En el mismo sentido, la diputada panista Ana Rosa Valdés Salazar cuestionó que el dinero se destine a gastos contingentes no previstos y proyectos de inversión adicionales, cuando podría utilizarse para atender necesidades urgentes, como las de las zonas afectadas por las lluvias.

Valdés criticó la falta de claridad en el análisis de la venta y preguntó si los recursos se utilizarían para equipar escuelas y hospitales. También rechazó que el Gobierno se deshaga de bienes públicos sin explicar los beneficios concretos para la población.

Morena defiende la venta por costos de mantenimiento

En contraste, la diputada de Morena Tania Carola Viveros Cházaro defendió la enajenación al señalar que la aeronave tiene alrededor de 15 años de antigüedad y que su mantenimiento y actualización requerirían una inversión considerable.

La legisladora sostuvo que el helicóptero dejó de ser adecuado para las labores que necesita realizar el Gobierno estatal y que la venta mediante subasta pública permitiría obtener recursos que ingresarían a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El dictamen establece que el dinero obtenido deberá registrarse en la Tesorería de Sefiplan y destinarse preferentemente a cubrir gastos contingentes no previstos y financiar proyectos de inversión adicionales durante el ejercicio fiscal.

La discusión también estuvo marcada por intercambios entre diputados de Morena y de oposición, luego de que se cuestionara la transparencia del procedimiento y la información disponible para valorar la conveniencia de la venta.

La autorización contempla que la operación se realice mediante subasta pública, conforme a la legislación estatal en materia de adquisición y enajenación de bienes muebles.