Estos ex funcionarios fueron llamados a rendir cuentas por obra del Nido del Halcón

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La auditora general del Estado, Delia González Cobos, confirmó que se emplazó a todos los entes fiscalizables —entre ellos el Instituto de Espacios Educativos y la Procuraduría del Medio Ambiente— para que solventen las observaciones por el presunto daño patrimonial detectado en la construcción del Nido del Halcón, así como en la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuentes y el Acuario de Veracruz.

Durante su comparecencia ante diputados locales, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) explicó que, si bien la ley contempla un plazo de hasta siete años para concluir los procesos administrativos derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública, en el caso de los montos observados en 2024 todos los entes involucrados ya fueron debidamente notificados.

De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2024, el Orfis reportó un presunto daño patrimonial por 2 mil 372 millones 867 mil 596 pesos.

Las obras consideradas emblemáticas, como la construcción del Nido del Halcón y la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuentes y el Acuario de Veracruz, concentraron el mayor monto del presunto daño patrimonial estatal, que asciende a 241 millones de pesos.

Al ser cuestionada sobre el seguimiento de la Cuenta Pública, González Cobos señaló que el procedimiento obliga a otorgar a los entes fiscalizables la oportunidad de realizar las aclaraciones correspondientes.

“Este es un derecho que concede la ley. La Cuenta Pública 2024 se aprobó en octubre del año pasado. A partir de esa aprobación, el Orfis inicia los procedimientos de investigación y requiere a los entes observados con presunto daño patrimonial para que presenten las aclaraciones respectivas”, explicó.

Precisó que el hecho de que el Congreso haya determinado un presunto daño patrimonial no implica que éste se confirme de manera definitiva.

“Que exista un presunto daño patrimonial no quiere decir que efectivamente lo sea”, puntualizó.

Indicó que es común que, al iniciar el proceso de fiscalización, se detecte la falta de documentos, permisos o autorizaciones, lo que en muchos casos genera observaciones que pueden ser solventadas en etapas posteriores.

“Tenemos —y la ley lo prevé— un margen bastante amplio para hacer las aclaraciones, ya que la Ley de Responsabilidades establece que estos procedimientos prescriben dentro de los siete años siguientes”, agregó.

Reiteró que el Orfis ya requirió formalmente a todos los entes fiscalizables para que presenten las aclaraciones correspondientes.

Destacó que, como resultado del proceso de fiscalización, se ha logrado corregir obras de mala calidad e incluso concluir trabajos que inicialmente no habían sido auditados.

“Hay obras incompletas que se terminan a partir de los señalamientos del Orfis; obras que parecían hechas y resulta que no, y obras que se concluyen durante el periodo de solventación. Esto es parte del impacto social del trabajo que realizamos”, expuso.

La auditora reveló que existen casos en los que alcaldes o directores de obra pública, actuando con dolo, han entregado documentación falsa. Derivado de ello, se han presentado 180 denuncias, de las cuales nueve ya fueron judicializadas.

Irregularidades en la entrega-recepción

En otro tema, González Cobos reconoció ante los diputados locales que sí se detectaron irregularidades en los procesos de entrega-recepción con el inicio de 211 administraciones municipales y un concejo ciudadano.

Señaló que, pese a la capacitación constante brindada a las autoridades entrantes, en algunos casos se reportaron oficinas vacías y ausencia de documentación, situaciones que ya fueron notificadas al Orfis y que, en su momento, serán informadas al Congreso del Estado.

“En noviembre dimos capacitación a las autoridades municipales entrantes. Tuvimos una amplia participación, atendimos dudas y dimos seguimiento a la conformación de los comités salientes y entrantes”, explicó.

Añadió que el Orfis actúa como coadyuvante con un enfoque preventivo, proporcionando herramientas para fortalecer la gestión pública.

Recordó que, conforme a los nuevos lineamientos, las nuevas administraciones deberán elaborar un dictamen que precise en qué condiciones recibieron la administración municipal.

Ese documento será sometido a consideración del ayuntamiento dentro de los cinco días hábiles siguientes, para que se cite a las personas servidoras públicas salientes a aclarar las irregularidades detectadas.

“Esto significa que en estos días tanto el Congreso como el Orfis estaremos recibiendo esa información. Estos dictámenes nos permiten identificar de inmediato focos rojos y puntos críticos para el trabajo de fiscalización”, concluyó.