No estoy de acuerdo con que haya privilegios… deben ir al ISSSTE”, afirmó

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destine recursos públicos para contratar seguros de gastos médicos mayores para sus ministros y advirtió que ningún servidor público debe mantener privilegios pagados con dinero del pueblo.

Durante la conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la solicitud de una partida de 146 millones de pesos para cubrir este tipo de prestaciones, así como sobre la petición de la Corte al Órgano de Administración Judicial para que le transfiera los ahorros previstos por alrededor de mil 800 millones de pesos en el Tribunal de Disciplina Judicial.

La solicitud de recursos, de acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, se vincula con un déficit de aproximadamente 128 millones de pesos en el capítulo 1000, correspondiente a servicios personales, además de necesidades como el mantenimiento de recintos históricos de la Suprema Corte.

Sheinbaum centró su crítica en el uso de recursos públicos para mantener prestaciones que consideró innecesarias frente a la existencia de servicios de salud públicos para los funcionarios.

“No estoy de acuerdo con que haya privilegios”, afirmó la presidenta, al señalar que los ministros, como cualquier otro servidor público, pueden recurrir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para recibir atención médica.

La mandataria planteó que, si alguno de los integrantes de la Corte desea contar con un seguro privado de gastos médicos mayores, tiene plena libertad para contratarlo, pero utilizando sus propios ingresos.

“Si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante”, señaló.

Sheinbaum sostuvo que el problema no radica en que los funcionarios tengan la posibilidad de contratar una póliza privada, sino en que ésta sea financiada con recursos del erario. “No está bien que el recurso público se utilice para el seguro de gastos médicos mayores”, enfatizó.

La presidenta vinculó su postura con el principio de austeridad republicana y con la transformación del Poder Judicial, al recordar que existe un reclamo social para terminar con prestaciones especiales y mecanismos que permitan conservar recursos adicionales al presupuesto ordinario.

En tono irónico, incluso cuestionó el efecto que tendría el entorno de la Suprema Corte sobre quienes llegan a ocupar cargos en ese órgano: “Algo pasa cuando entran ahí a ese edificio, como que se transforman; deben estar embrujados los espíritus del pasado”, expresó.

Más allá del costo específico de los seguros, Sheinbaum colocó el tema dentro de una discusión más amplia sobre el uso del dinero público y la obligación de los funcionarios de actuar bajo criterios de austeridad y responsabilidad.

Recordó además la figura de Benito Juárez y su lucha contra los fueros y privilegios, al señalar que la historia del país debe servir como referencia para evitar que prácticas asociadas con antiguos privilegios regresen a las instituciones públicas.

“Hay que sacudirse un poco del ambiente que se quedó ahí, en las paredes”, sostuvo.

La presidenta insistió en que los servidores públicos deben mantener cercanía con la población y conocer las condiciones en las que vive la mayoría de los mexicanos. Por ello, consideró que quienes ocupan altos cargos deben conducirse con humildad y recordar que sus salarios provienen del presupuesto público.

“Tienen un buen salario, tienen el salario de la presidenta y con eso podría alcanzar para un seguro de gastos médicos mayores, si así lo desean”, afirmó.

El mensaje central de Sheinbaum fue que la transformación del Poder Judicial no debe limitarse a cambios institucionales, sino también reflejarse en el manejo de sus recursos y en la eliminación de prestaciones que puedan considerarse privilegios.

“El dinero es del pueblo y eso debe recordarlo todos los que somos servidores públicos”, remarcó.

La presidenta concluyó que ser servidor público implica precisamente poner los recursos y las decisiones institucionales al servicio de la población, por encima de beneficios particulares.