Impondrán 22 años de cárcel a funcionarios que incurran en lavado de dinero en Veracruz
abril 15, 2026
En Veracruz, ocultar, mover o utilizar dinero de origen ilícito podría costar hasta 15 años de prisión y multas superiores a los 500 mil pesos; en el caso de servidores públicos, las sanciones podrían incrementarse hasta superar los 22 años de cárcel.
El Congreso del estado alista la votación del dictamen que reforma el Código Penal para ampliar el alcance del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero), sin modificar las penas base, pero sí el número de conductas y personas que pueden ser sancionadas.
La propuesta, remitida el 26 de marzo por la gobernadora y ya avalada por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, plantea cambios en la redacción del tipo penal para permitir sancionar a quienes participen de manera directa o a través de terceros.
El dictamen mantiene las sanciones de cinco a 15 años de prisión, pero ajusta las multas al pasar de 5 mil días de salario mínimo —que superaban el millón 500 mil pesos— a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 565 mil pesos.
Entre las modificaciones, se elimina la condición de actuar “a sabiendas y por cuenta de otra persona” y se establece que el delito se configura cuando alguien, “por sí o por interpósita persona realice o auxilie a otra persona”, lo que amplía el alcance para sancionar la participación en estas conductas.
Además, se incorpora como conducta delictiva el encubrimiento activo, es decir, ocultar o intentar ocultar el origen, destino o propiedad de recursos de procedencia ilícita.
El documento también establece criterios para determinar cuándo los bienes o recursos son considerados producto de una actividad ilegal, al señalar que bastará con la existencia de indicios fundados o la imposibilidad de acreditar su origen lícito.
En el caso de servidores públicos, las sanciones se agravan, ya que la pena podría incrementarse hasta en una mitad, además de contemplar la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
En la exposición de motivos se advierte que el lavado de dinero representa una amenaza para la estabilidad económica, la seguridad pública y el sistema financiero, al permitir que recursos de origen ilícito se integren a la economía formal.
Con estos cambios, se busca ampliar las herramientas legales para la persecución de este delito en el ámbito estatal, sin incrementar las penas ya establecidas en el Código Penal.
