Cártel inmobiliario: señalan complicidad judicial con Roly Domínguez

Juan David Castilla

Un nuevo esquema de presunto despojo patrimonial y alteración de instrumentos notariales señala directamente a Roly Domínguez Romero y a su equipo de litigantes, tras documentarse la manipulación judicial que ha sido constante en decenas de casos registrados en el estado de Veracruz.

La Fiscalía General del Estado (FGE) lanzó una recompensa de 350 mil pesos el miércoles 9 de septiembre, solicitando la colaboración de la ciudadanía para proporcionar información veraz y útil que coadyuve de manera oportuna y efectiva a la búsqueda y localización de Roly Domínguez.

El esquema fraudulento mencionado se vio reflejado en el caso de una deuda mercantil originada en 2019 contra una ciudadana de identidad resguardada, cuyo monto pasó de 270 mil pesos iniciales a un reclamo actual de 2 millones 450 mil pesos para adjudicarse un inmueble por debajo de su valor real de mercado.

De acuerdo con el expediente del caso, el 7 de marzo de 2023, Roly Domínguez adquirió la cartera mediante un contrato de cesión onerosa de derechos litigiosos y de crédito ratificado ante notario público e inscrito en el Registro Público el 10 de marzo de ese mismo año, figurando como abogados patronos Pedro Damián “N” y Miguel Isaac “N”, ambos recientemente detenidos e imputados en Pacho Viejo.

Siete meses después, el 6 de octubre de 2023, la deuda fue revendida bajo la misma figura a otra persona ante el propio fedatario público e inscrita el 25 de octubre, manteniendo a Pedro Damián “N” como representante legal. La operación es catalogada como ilegal debido a la presunta falsificación de la firma del notario en el protocolo.

Víctimas y litigantes agraviados señalaron que el modo de operar de Domínguez Romero consiste en la presentación de juicios respaldados en pagarés, contratos, certificaciones y escrituras apócrifas.

Para consumar los despojos, la red recurre al apoyo de personal del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en las demarcaciones de Xalapa y Veracruz para inscribir títulos sin validez jurídica, logrando el aval de autoridades del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

En la estructura de protección institucional se señala la intervención de la Jueza del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Xalapa, Patricia Aburto Córdoba, y del Juez Leopoldo Toss Capistrán, encargados de dar curso a las adjudicaciones.

En el caso hay señalamientos contra integrantes del Tribunal Superior de Justicia, donde se acusa la presunta protección de los magistrados Jonathan Cortés Vargas y Violeta Condado Zagada para revocar o modificar sentencias a conveniencia, utilizando a Juana Martínez Espinosa como intermediaria para el cobro de favores.

Ante la acumulación de irregularidades, los afectados exigieron una revisión exhaustiva de todos los expedientes civiles donde se hayan dictado adjudicaciones inmobiliarias en la entidad.

DETENCIONES

Tras una serie de operativos simultáneos y cateos en la ciudad de Xalapa, la capital del estado, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la imputación y medida cautelar de prisión preventiva en contra de los abogados Miguel Isaac “N” y Pedro Damián “N”, señalados como presuntos operadores de una red de despojo y fraude procesal denominada por las víctimas como el «Cártel Inmobiliario de Xalapa».

La detención de ambos litigantes desencadenó una intensa confrontación jurídica en los juzgados de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, donde la defensa advirtió posibles vacíos legales en el expediente ministerial que podrían favorecer a Roly Domínguez Romero, señalado públicamente como el presunto líder de la estructura delictiva.

Durante la audiencia inicial celebrada el miércoles 8 de septiembre en la Sala de Juicios Orales del distrito judicial de Xalapa con sede en Pacho Viejo, un juez de control consideró suficientes los elementos aportados por la representación social para imponer la prisión preventiva contra los dos abogados.

No obstante, la abogada defensora María Mayela Salazar Muñoz, acompañada por un equipo de cuatro litigantes, recriminó el actuar de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales al sostener que la aprehensión de Miguel Isaac «N» entorpece el alcance de la justicia para las víctimas directas, asegurando que el procedimiento abre la puerta para que el presunto cabecilla recurra al juicio de amparo para evadir la acción penal.

“Estas detenciones, concretamente la de mi representado, le están dando un pase a la impunidad a Roly», aseveró la litigante al cuestionar la fundamentación del órgano acusador.

En seguimiento a las investigaciones relacionadas con el denominado “Cártel Inmobiliario”, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, ejecutó una tercera orden de aprehensión, en esta ocasión en contra de Jese Miguel “N”, como presunto responsable de los delitos de fraude y fraude procesal.

El ahora imputado es investigado por su presunta participación en un esquema mediante el cual se habrían realizado operaciones irregulares relacionadas con bienes inmuebles, mediante el uso de actos jurídicos y procedimientos legales para obtener o disponer de propiedades en perjuicio de sus legítimos propietarios.

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, Jese Miguel “N” fue presentado ante el órgano jurisdiccional con sede en Pacho Viejo, donde se llevó a cabo la audiencia inicial.

Durante la misma, la Fiscalía formuló imputación en su contra por los delitos de fraude y fraude procesal. Asimismo, la autoridad judicial dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por la temporalidad de un año y estableció el próximo 14 de septiembre para la audiencia de continuación.

150 CASOS DE DESPOJO

Por su parte, afectados que se presentaron afuera de la sede judicial denunciaron que la red criminal operaba desde hace más de ocho años acumulando al menos 150 casos de despojo patrimonial contra familias de escasos y medianos recursos.

Antonio Selem, uno de los voceros del grupo de agraviados, explicó que el esquema operaba a través de la falsificación de instrumentos notariales, pagarés, contratos de compraventa y convenios de arrendamiento apócrifos. Con esta documentación simulaban juicios civiles o mercantiles que derivaban en lanzamientos y desalojos ejecutados de manera irregular.

Los reportes presentados por los denunciantes precisan que los casos identificados se concentran de forma sistemática en municipios como Xalapa, Coatepec, Alto Lucero, Actopan, Rafael Lucio, Jilotepec, Banderilla, Tlalnelhuayocan y Córdoba.

Selem puntualizó que únicamente el imputado Miguel Isaac «N» figura con más de 50 recurrencias directas dentro de expedientes judiciales en los que alternaba funciones como representante legal, demandante, tenedor de pagarés o beneficiario final de los inmuebles despojados, contando con la presunta complicidad de una cadena articulada de actuarios, peritos, jueces y notarios públicos de la región centro de la entidad.

LOS CATEOS

Como parte de la integración de la carpeta de investigación, agentes de la Policía Ministerial desahogaron tres órdenes de cateo e inspección en domicilios vinculados a las actividades profesionales y despachos de los hoy imputados en la capital veracruzana.

Las intervenciones tuvieron lugar en inmuebles situados sobre la calle Independencia, donde se aseguraron dos vehículos tipo camioneta y mobiliario, la avenida 20 de Noviembre de la colonia Modelo, y en un tercer predio ubicado en la calle José Alfredo Jiménez de la colonia Miguel Alemán, sitio en el que peritos procesales incautaron expedientes judiciales de materia civil, escrituras notariales, identificaciones oficiales y equipo de cómputo.

Las víctimas solicitaron a las autoridades estatales y al Poder Judicial del Estado de Veracruz acelerar las investigaciones hacia la totalidad de los involucrados en el mapa de despojos, demandando medidas de protección urgentes para las familias querellantes ante posibles represalias.

En tanto, Miguel Isaac “N”, Pedro Damián “N” y Jese Miguel “N” permanecerán recluidos en el penal de Pacho Viejo mientras se resuelve su vinculación a proceso en la siguiente fase de la causa penal.

RECLAMO CIUDADANO

El pasado lunes 7 de septiembre, se registró una manifestación en el fraccionamiento Monte Magno de la capital veracruzana, donde un grupo de ciudadanos señaló directamente al abogado Roly Domínguez Romero por su presunta participación en una cadena de despojos de inmuebles en la región central del estado.

Durante la protesta en una de las zonas de mayor plusvalía de la ciudad, los inconformes desplegaron una lona con el rostro y nombre del litigante, acompañada de consignas en las que demandaron la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado para agilizar las carpetas de investigación y frenar los actos de despojo patrimonial que atribuyen a esta red.

Ricardo Rojas, uno de los manifestantes afectados, dio a conocer que desde diciembre de 2025 existe una denuncia formal presentada ante la representación social; sin embargo, recriminó que las indagatorias no registran avances sustanciales a pesar de los elementos de prueba aportados por las víctimas.

Detalló que al menos 10 personas se encuentran en condiciones similares de agravio, habiendo perdido el dominio de bienes de alto valor que incluyen ranchos, fincas, viviendas particulares y residencias.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán las movilizaciones y la exposición pública de los involucrados hasta que los tribunales y el Ministerio Público integren los expedientes y deslinden las responsabilidades penales correspondientes, reiterando que las omisiones institucionales han favorecido la operatividad de este esquema en la entidad.