Empresarios dispuestos a ayudar en investigación del delito de extorsión: Coparmex

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Xalapa Coparmex está dispuesto a colaborar con las autoridades para combatir la extorsión, un delito que, según señaló, pocas veces se denuncia debido al miedo o la desconfianza en las autoridades.

«El sector privado está en disposición de coadyuvar en la lucha contra este crimen, que las tiendas de conveniencia puedan dar cuentas a las autoridades”

Respaldó la propuesta del Gobierno federal de investigar de oficio el delito de extorsión, una medida que consideran necesaria debido a la constante victimización del sector empresarial.

Arturo Blanco Hernández, presidente de Coparmex Xalapa, destacó que, aunque deben cuidarse los procesos jurídicos, el combate a la extorsión es fundamental para proteger tanto a la ciudadanía como al sector privado.

Blanco Hernández subrayó que la extorsión es uno de los delitos más comunes y menos denunciados por las víctimas, lo que agrava la situación.

«El sector empresarial en múltiples ocasiones somos víctimas de extorsión, por lo que vemos con agrado la propuesta del Gobierno federal. Sin embargo, es crucial que cualquier acción para perseguir este delito respete los derechos civiles de los ciudadanos», indicó.

En relación con los posibles riesgos de la propuesta, el líder empresarial expresó que, aunque no es experto en la materia, si existen elementos que sugieran que la implementación de la medida podría traer consecuencias negativas, es necesario revisarlos cuidadosamente.

Sin embargo, enfatizó que la prioridad debe ser la protección de la ciudadanía y, en particular, de los sectores más vulnerables, como el empresarial.

Blanco Hernández también afirmó que Coparmex está dispuesto a colaborar con las autoridades para combatir la extorsión, un delito que, según señaló, pocas veces se denuncia debido al miedo o la desconfianza en las autoridades.

El llamado de Coparmex es claro: la lucha contra la extorsión debe ser prioridad para el gobierno, pero siempre garantizando que las acciones no pongan en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos.