Sheinbaum presenta y envía al senado el Plan B de la Reforma Electoral

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este martes al Senado de la República su denominado “plan B” de reforma electoral, una iniciativa que combina cambios constitucionales y modificaciones a leyes secundarias.

El nuevo paquete legislativo plantea, entre otros puntos, reducir costos del sistema electoral, limitar privilegios de funcionarios y partidos políticos, ajustar la integración de gobiernos municipales y congresos locales, así como mantener la elección de personas juzgadoras en 2027.

Durante la presentación de la iniciativa, Sheinbaum reconoció que la reforma constitucional previa no prosperó por falta de votos suficientes, ya que solo contó con el respaldo de Morena y algunos legisladores del Partido Verde y del Partido del Trabajo.

A pesar de ello, sostuvo que su gobierno continuará impulsando cambios para reducir el gasto electoral, particularmente en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el financiamiento a partidos políticos.

“Vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que los partidos políticos no deben destinar tantos recursos”, afirmó la mandataria, al reiterar que el objetivo central es disminuir privilegios y hacer más eficiente el uso de recursos públicos.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la reorganización de los gobiernos municipales.

La iniciativa plantea que el número de regidores se ajuste en función de la población, estableciendo un rango de entre siete y 15 integrantes por ayuntamiento.

Además, se propone que ningún presidente municipal ni regidor pueda recibir ingresos superiores a los establecidos oficialmente ni acceder a bonos, seguros u otros beneficios adicionales financiados con recursos públicos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que esta medida busca eliminar excesos y garantizar una administración más austera, en línea con el principio de “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

En el caso de los poderes legislativos estatales, la reforma establece un límite máximo de gasto equivalente al 0.7 por ciento del presupuesto de cada entidad federativa.

La presidenta ejemplificó las disparidades actuales al señalar que estados como Baja California tienen un gasto por diputado cercano a 38 millones de pesos anuales, mientras que entidades como Colima ejercen alrededor de cinco millones por legislador.

Con la reforma, los congresos que superen ese tope deberán reducir su presupuesto, mientras que aquellos que estén por debajo solo podrán incrementarlo en términos reales, evitando aumentos desproporcionados.

El plan también contempla límites a las remuneraciones de consejeros del INE, magistrados electorales y funcionarios de organismos locales, quienes no podrán percibir salarios superiores al de la Presidencia de la República.

Asimismo, se eliminarían prestaciones adicionales como bonos y seguros de gastos médicos, y se reforzaría la fiscalización de recursos, incluyendo la posibilidad de que el INE solicite apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar el origen del financiamiento de partidos y campañas.

En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), la propuesta incluye adelantar el inicio de los cómputos electorales para que comiencen en cuanto llegue el primer paquete electoral al distrito, en lugar de esperar hasta el miércoles posterior a la jornada.

Según el gobierno federal, esta medida busca evitar posibles manipulaciones durante el periodo entre la votación y el conteo oficial.

También se plantea fortalecer el uso de tecnología en la fiscalización y permitir convenios entre el INE y otras autoridades para revisar operaciones financieras sospechosas.

En la Ley General de Partidos Políticos, se establece la obligación de transparentar salarios de dirigentes, reportar operaciones en tiempo real mediante sistemas bancarios y prohibir recursos de origen ilícito, del extranjero o en efectivo.

La iniciativa abre la posibilidad de que la revocación de mandato se realice en el tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028, dependiendo de la solicitud ciudadana.

Además, Sheinbaum confirmó que la elección de personas juzgadoras se mantendrá en 2027, como estaba previsto originalmente, aunque con ajustes para reducir el número de candidatos en las boletas y mejorar la revisión de perfiles por parte de los comités de selección.

La mandataria reconoció que temas como la reducción del financiamiento a partidos, la eliminación de legisladores plurinominales o restricciones a partidos aliados requieren modificaciones constitucionales que, por ahora, no cuentan con el respaldo suficiente en el Congreso.

Por ello, el “plan B” se centra en cambios legales que sí pueden aprobarse, sin renunciar a insistir en reformas más profundas en el futuro.

En conjunto, la iniciativa presidencial se enmarca en la política de austeridad impulsada por la actual administración y busca, según el gobierno federal, reducir costos del sistema político-electoral, fortalecer la transparencia y ampliar mecanismos de participación ciudadana.

“Esta reforma va por menos privilegios y más participación”, resumió Rosa Icela Rodríguez, al destacar que los ahorros generados se destinarían a infraestructura social en estados y municipios.

El Senado será ahora el encargado de discutir y, en su caso, aprobar o modificar esta propuesta.