Cártel inmobiliario: Registro Público atiende más de 120 casos; 40% derivó en denuncias penales

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En medio de las investigaciones por el llamado “cártel inmobiliario” de Xalapa, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías ha atendido más de 120 audiencias, de diciembre a la fecha, relacionadas con personas que aseguran haber sido afectadas en sus derechos sobre propiedades.

El titular de la dependencia, Jesús Alberto Islas Aguilera, explicó que los casos no necesariamente corresponden a una misma red ni todos implican una irregularidad. Algunos están relacionados con sucesiones, testamentos, poderes y otros actos jurídicos, mientras que otros han llegado a instancias judiciales o penales.

“Llevamos más de 120 audiencias a partir de diciembre del año pasado hacia la fecha, en las que, por una u otra razón, con temas de sucesiones, con temas de testamentos, de poderes, de todo tipo de actos jurídicos han visto las personas mermadas su propiedad”.

El funcionario aclaró que la cifra no significa que se hayan acreditado 120 operaciones irregulares, pues se trata de personas que acudieron ante la autoridad porque consideran que sus derechos fueron afectados o están en riesgo.

“Finalmente, cuando se trata de una disputa legal, pues hay una persona que, a lo mejor, está viendo menoscabado sus derechos y es la que nos va a visitar, o el que tiene temor a esa situación”.

Alrededor de 40% también llegó a la vía penal

Una parte de los expedientes ha sido canalizada al Poder Judicial debido a que corresponde a procedimientos que deben resolverse por esa vía. Sin embargo, Islas Aguilera estimó que alrededor de 40 por ciento de los asuntos también se encuentra relacionado con denuncias penales.

Explicó que algunas personas, además de recurrir a un procedimiento civil por considerar afectados sus derechos sobre un inmueble, decidieron presentar denuncias contra quienes consideran responsables, incluidos abogados.

“Otra gran parte, no sé, el 40 por ciento, en materia penal. Es decir, la gente, al ver afectado en un proceso civil esta situación, también han decidido denunciar a los involucrados”.

Los casos son canalizados a la Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras razones, para que pueda establecer si existen coincidencias entre las distintas investigaciones y determinar si aparecen los mismos abogados o personas involucradas en diferentes operaciones.

El funcionario señaló que desde el Registro Público no pueden determinar si existe una red delictiva, pues esa responsabilidad corresponde a las autoridades encargadas de investigar y resolver los procedimientos.

Algunos casos se concentran en Xalapa

Islas Aguilera señaló que han detectado que algunos grupos de abogados operan en Xalapa y municipios cercanos, por lo que varios de los casos que han trascendido públicamente se concentran en esta región.

Sin embargo, rechazó que el fenómeno se limite a la capital del estado. Personas de otras regiones también han acudido al Registro Público, aunque los casos tienen características diferentes.

Explicó que, en asuntos provenientes de la zona sur, las Altas Montañas o el norte de Veracruz, algunos conflictos tienen incluso un origen familiar y son las propias personas afectadas quienes han utilizado la expresión “cártel inmobiliario” para dar visibilidad a sus casos.

El funcionario consideró válido identificar el problema de esa manera, pero marcó distancia respecto a las investigaciones que corresponden a otras autoridades.

“Y creo que es un buen ejercicio identificar el problema, aunque sea con esa denominación. Lo que no hay es contubernio de las autoridades”.

Seis abogados detenidos por investigaciones del “cártel inmobiliario”

Las declaraciones de Islas Aguilera se dan mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía General del Estado por el denominado “cártel inmobiliario” de Xalapa, relacionado con denuncias por presuntos despojos de propiedades mediante procedimientos legales y operaciones inmobiliarias.

El caso más reciente es el de Jesé Miguel “N”, detenido el miércoles 9 de septiembre por su probable participación en los delitos de fraude y fraude procesal, mediante una orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación FIM/F2/59/2026.

Tras su detención fue presentado ante el Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal y Oral de Pacho Viejo. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación en su contra y el juez le impuso prisión preventiva por un año. La continuación de la audiencia fue programada para el 14 de septiembre, cuando se determinará su situación jurídica.

Un día antes, el 8 de septiembre, fueron detenidos Miguel Isaac “N” y Pedro Damián “N”, también señalados por los delitos de fraude y fraude procesal dentro de las investigaciones relacionadas con la presunta red.

Otro de los casos es el de Salvador Matías “N”, quien fue vinculado a proceso el 23 de julio por el delito de fraude procesal. De acuerdo con la investigación, presuntamente utilizó documentación apócrifa para despojar a dos mujeres de una vivienda ubicada en la colonia Isleta, en Xalapa.

Previamente, el 4 de junio, fueron vinculados a proceso Zain Aleef “N” y José Alfredo “N”, identificados como pseudoabogados debido a que no contaban con título profesional. Ambos enfrentan cargos por fraude específico y suplantación de identidad y son señalados de presuntamente despojar a una adulta mayor de una propiedad en Las Ánimas, Xalapa.

Con estos casos suman seis abogados —dos de ellos identificados como pseudoabogados— detenidos en las investigaciones vinculadas al llamado “cártel inmobiliario”. Las denuncias están relacionadas con presuntos despojos mediante procedimientos legales y operaciones inmobiliarias que habrían afectado el patrimonio de particulares.

A estos casos se suma el de Roly Domínguez Romero, abogado señalado como presunto líder del denominado “cártel inmobiliario” de Xalapa y quien se encuentra prófugo. El juez segundo de Distrito, Alejandro Quijano Álvarez, le concedió una suspensión provisional contra una posible orden de aprehensión, para lo cual fijó una garantía de 4 mil pesos.

La resolución provocó que el 11 de septiembre personas inconformes se manifestaran afuera de las instalaciones del Poder Judicial en Xalapa.