Entra en vigor decreto que retira el fuero a alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste
agosto 6, 2026
Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- A partir de este jueves 6 de agosto entró en vigor el decreto mediante el cual el Congreso de Veracruz declaró procedente el retiro del fuero constitucional a los presidentes municipales de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez.
Con la publicación del acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado, la Fiscalía General del Estado (FGE) puede continuar con las acciones legales derivadas de las investigaciones que se siguen en contra de ambos ediles, quienes fueron separados del cargo tras la aprobación del Juicio de Procedencia.
La Fiscalía General del Estado solicitó el Juicio de Procedencia en contra del alcalde de Úrsulo Galván al señalarlo por su presunta relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López Torres, ocurrida en mayo de 2026, luego de acudir a una propiedad del edil.
En el caso del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, la Fiscalía lo investiga por su presunta relación con el asesinato de la periodista de Nanchital, Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
La determinación sobre la existencia de los delitos y, en su caso, la responsabilidad penal de ambos alcaldes corresponde exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales competentes.
Este miércoles en sesión extraordinaria se votaron los dos acuerdos con 40 votos a favor de Morena, Verde y PT, y ocho en contra de PAN, PRI, MC y el diputado independiente Héctor Yunes. No acudieron a la sesión los diputados Fernando Yunes del PAN y José Ruiz Carmona de Morena.
Trascendió que jueces de control ya libraron las órdenes de aprehensión correspondientes, por lo que la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía Ministerial, estaría en posibilidad de cumplimentarlas.
Los alcaldes desaforados cuentan con suspensiones otorgadas por jueces federales dentro de juicios de amparo, las cuales impiden, por el momento, la ejecución de las órdenes de aprehensión y la imposición de prisión preventiva oficiosa, por lo que podrían enfrentar los procesos penales en libertad mientras dichas medidas permanezcan vigentes.
