diciembre 19, 2025
Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciará en enero de 2026 el procedimiento de cobro por 51 mil millones de pesos a dos empresas de Ricardo Salinas Pliego, que mantienen adeudos fiscales derivados del Impuesto Sobre la Renta (ISR), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara de manera definitiva los recursos legales promovidos.
Durante la conferencia matutina, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que los adeudos tienen su origen en resoluciones administrativas emitidas entre 2013 y 2018, cuando la autoridad fiscal determinó créditos fiscales correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013, al considerar improcedente la aplicación de pérdidas fiscales por parte de dichas empresas.
Detalló que, tras las resoluciones del SAT, las empresas impugnaron los créditos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual resolvió entre 2019 y 2023 que los adeudos eran procedentes y estaban debidamente determinados.
Posteriormente, los contribuyentes acudieron al Poder Judicial de la Federación, donde tribunales colegiados en 2024 y 2025 negaron los amparos, confirmando nuevamente la legalidad de los créditos fiscales.
Finalmente, las empresas llevaron el caso ante la Suprema Corte, que el pasado 13 de noviembre desechó las impugnaciones, dejando firmes las resoluciones previas y cerrando de manera definitiva la vía legal.
Con esta resolución, Martínez Dagnino subrayó que el SAT tiene la obligación legal de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que en enero de 2026 se notificará formalmente el requerimiento de pago, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
Precisó que, una vez notificados, Salinas Pliego contará con un plazo para realizar el pago voluntario y podrán solicitar, de acuerdo con la ley y las sentencias emitidas, ajustes a la baja de hasta 39 por ciento, dependiendo del esquema y orden de pago que elijan.
El funcionario recordó que, conforme al artículo 31, fracción IV de la Constitución, es obligación de todas y todos los contribuyentes aportar al gasto público de manera proporcional y equitativa, por lo que exhortó a las empresas involucradas a cumplir con sus obligaciones fiscales.
Por su parte, desde el presídium de la conferencia, se destacó que se trata de un asunto estrictamente legal, jurídico y administrativo, no político, y que la autoridad actuará únicamente conforme a lo que establece la ley.
Se señaló que, en caso de que las empresas no cubran el adeudo, se activarán otros procedimientos legales, los cuales serán informados oportunamente.
Asimismo, se informó que la Procuraduría Fiscal de la Federación ha dado seguimiento al caso como parte de sus responsabilidades, en coordinación con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y que tanto la Secretaría de Hacienda como el SAT continuarán informando sobre el avance del proceso a partir de enero.
El gobierno federal enfatizó que la presentación del tema en la conferencia matutina responde a la importancia de que la ciudadanía conozca qué resolvió la Corte y cuáles son los pasos que siguen, reafirmando que nadie está por encima de la ley y que las resoluciones judiciales deben cumplirse.
