Desapariciones de los 70 y 80 “muy distintas” a las actuales: Sheinbaum

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.– La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las desapariciones que enfrenta actualmente el país son “muy distintas” a las registradas en los años 70 y 80, al subrayar que en aquella época se trató de desapariciones políticas ordenadas por el Estado mexicano, mientras que hoy el fenómeno está vinculado principalmente con la delincuencia organizada.

Durante su conferencia, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre la crisis de personas desaparecidas, la situación forense y el asesinato de la buscadora Ruby Patricia Gómez, ocurrido en Sinaloa.

Sheinbaum explicó que durante la llamada “guerra sucia” las desapariciones respondían a una política de represión estatal.

“En aquella época eran desaparecidos políticos, desaparecidos por el Estado mexicano por tener una posición o por ser luchadores sociales. Antes era instrucción desde la Dirección Federal de Seguridad desaparecer a los opositores”, afirmó.

Recordó el caso del Comité Eureka y la lucha de Rosario Ibarra de Piedra como símbolo de la exigencia de verdad y justicia frente a la represión gubernamental.

Subrayó que, si bien algunos de los desaparecidos de entonces participaron en movimientos armados, otros eran luchadores sociales pacíficos, y en cualquier caso debieron ser procesados conforme a la ley y no víctimas de desaparición.

En contraste, sostuvo que las desapariciones actuales no obedecen a una instrucción del Estado.

“Puede haber sido una fuerza del orden que ilegalmente haya desaparecido a una persona, pero no es una instrucción del Estado mexicano. Es distinto”, enfatizó.

De acuerdo con la presidenta, la mayoría de los casos actuales están relacionados con la delincuencia organizada y con esquemas de reclutamiento forzado de jóvenes.

Reconoció que pueden existir casos aislados en los que participe algún elemento de seguridad; sin embargo, aseguró que cuando se acreditan responsabilidades se procede con detenciones y sanciones.

La mandataria señaló que, a partir del caso de Teuchitlán —donde se detectó un centro de reclutamiento y adiestramiento— su gobierno decidió modificar el modelo de atención a familiares y colectivos de búsqueda.

Entre los cambios destacó:

Apertura obligatoria de carpeta de investigación desde el momento de la denuncia.

Activación inmediata de alertas a nivel municipal, estatal y federal.

Coordinación con aeropuertos, bancos y centrales de autobuses.

Fortalecimiento de la inteligencia contra redes de reclutamiento digital.

Explicó que anteriormente existían registros administrativos sin investigación formal, lo que dificultaba la búsqueda efectiva.

“Ahora la ley establece que es obligatorio abrir una carpeta de investigación en el momento de la denuncia. Eso cambia por completo el proceso”, sostuvo.

Aunque insistió en la diferencia entre las desapariciones políticas del pasado y las actuales, reconoció que el fenómeno sigue siendo una “situación dolorosa” y que la obligación del Estado es atender a las familias y dar con los responsables.

Colectivos de búsqueda han señalado que lo que une ambos periodos es la impunidad y la posible participación de agentes estatales, cuestionamiento ante el cual la presidenta afirmó que el Estado tiene la capacidad y la responsabilidad de investigar y sancionar a sus propios elementos cuando sea necesario.