Crisis en sindicato de CMAS Xalapa; denuncian riesgo de perder el contrato colectivo

Juan David Castilla/Xalapa. Una fractura interna en el sindicato de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa salió a la luz pública tras denunciarse presuntas violaciones estatutarias, desvío de recursos y un riesgo inminente para la estabilidad del contrato colectivo de trabajo.

En conferencia de prensa, el secretario de Trabajo de la organización adherida a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Félix Romero Martínez, acusó al secretario general Franco Conde Eslava, de ejercer una actitud autoritaria y de imponer decisiones por encima de la asamblea general.

El quejoso indicó que el conflicto escaló tras su negativa a avalar la designación de la licenciada Rosario Piedra del Rosario como apoderada legal y titular de la representación del contrato colectivo, un nombramiento que no fue aprobado por las bases.

Romero Martínez afirmó que, como represalia por oponerse a dicha imposición, fue sancionado de manera ilegal junto con otro integrante del comité, quien fue destituido bajo el argumento de mantener comunicación institucional con la parte patronal.

El Secretario de Trabajo de la organización advirtió que la falta de fundamentación legal en los actos del comité directivo pone en riesgo la validez del contrato colectivo frente a futuras revisiones salariales, lo que podría disolver la relación obrero-patronal.

Asimismo, denunció posibles anomalías financieras en cuentas bancarias mancomunadas, donde se realizaron movimientos de fondos sin su firma obligatoria, sugiriendo la existencia de un fraude administrativo.

Romero Martínez acusó también la pérdida de un bono ganado en 2024 por un monto superior a los tres millones de pesos que debía dispersarse entre el personal en activo y jubilados, debido a modificaciones negligentes en el esquema de revisión contractual.

Ante el ambiente de intimidación y los señalamientos difamatorios en su contra, el trabajador pidió la intervención de las autoridades laborales para salvaguardar el patrimonio histórico de los trabajadores.