Congreso incompetente para dar seguimiento a carpetas de alcaldes desaforados

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Congreso de Veracruz ya no tiene competencia para dar seguimiento a las carpetas de investigación que dieron origen al desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, por lo que corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) continuar con las investigaciones, afirmó el diputado local Marcelo Ruiz

Se trata de los alcaldes de Movimiento Ciudadano, Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, a quienes el Congreso retiró el fuero constitucional el pasado 5 de agosto.

El legislador explicó que la intervención del Congreso concluyó con el procedimiento de declaración de procedencia solicitado por la FGE. El objetivo fue retirar la protección constitucional que tenían ambos servidores públicos para que las investigaciones pudieran continuar sin esa inmunidad.

“Ya no es competencia del Congreso darle seguimiento a las carpetas de investigación que dieron origen y motivaron el proceso de ese acuerdo que acabo de concluir hace unas semanas”, señaló.

El Congreso aprobó el desafuero de ambos alcaldes con 40 votos a favor y ocho en contra, luego de que la Fiscalía solicitara formalmente retirarles el fuero para continuar con las investigaciones. La decisión no determinó su culpabilidad, sino que permitió que los procedimientos penales siguieran su curso.

En el caso de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, la Fiscalía lo investiga por su presunta responsabilidad en el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad el 2 de junio y posteriormente localizada sin vida. Antes del desafuero, la Fiscalía había señalado que existían otras personas vinculadas a proceso por este caso.

González Martínez negó las acusaciones a través de su defensa, que presentó pruebas ante el Congreso durante el procedimiento de declaración de procedencia.

En tanto, Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, fue desaforado en un procedimiento relacionado con una investigación por la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López, ocurrida en mayo. La Fiscalía mantuvo bajo reserva parte de la información relacionada con este expediente.

El diputado señaló que el retiro del fuero no representa un juicio sobre la responsabilidad penal de los alcaldes, sino que permite que, en su caso, sean llamados ante las autoridades judiciales como cualquier otro ciudadano.

“Lo único que hizo el Congreso fue retirarles el fuero para que se les pudiera llevar, en su caso, a juicio, iniciar una carpeta de investigación a la Fiscalía, como a cualquier veracruzano”, explicó.
Municipios deben continuar con normalidad

Respecto a los ayuntamientos que quedaron a cargo de los suplentes tras el desafuero de los alcaldes, el legislador afirmó que no existe un trato especial por parte del Congreso.

Los gobiernos municipales de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván deben continuar con sus actividades administrativas y cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación, al igual que los otros 210 municipios de Veracruz.

“Nosotros le damos trato igualitario a todos los ayuntamientos y los suplentes, como los alcaldes en funciones en los otros 210 municipios del estado, tienen las mismas atribuciones legales y constitucionales”, afirmó.

Entre las obligaciones que deben cumplir se encuentran la entrega de estados financieros, los reportes trimestrales de obra y el corte de caja, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

El legislador sostuvo que las administraciones municipales deben continuar con sus actividades dentro del marco legal, mientras las investigaciones contra los exalcaldes siguen su curso ante la Fiscalía y, en su caso, las autoridades judiciales.