Rosa Icela “le lee la cartilla” a dueños de casinos

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reveló que advirtió directamente a los permisionarios de casinos que cualquier intento de corrupción a funcionarios de la dependencia será castigado con el cierre de establecimientos y acciones penales contra los servidores públicos involucrados.

Durante su participación, Rodríguez relató que sostuvo una reunión con representantes de las dos principales industrias que integran el sector de casinos, a quienes planteó un acuerdo basado en el combate a la corrupción y la regularización de sus actividades.

“Lo primero que quiero de ustedes es que por favor no corrompan al personal de la Secretaría de Gobernación, porque les voy a cerrar sus negocios y voy a meter a los compañeros que estén recibiendo dinero de ustedes, los voy a meter a la cárcel”, afirmó.

La funcionaria señaló que, a cambio de mantener una relación directa y transparente con la autoridad, la Secretaría de Gobernación trabajará en la regularización de la situación jurídica de los establecimientos, incluidos los casos relacionados con amparos.

Rodríguez enfatizó que la dependencia no cuenta con representantes, intermediarios o “brokers” para atender a los empresarios del sector, por lo que cualquier asunto que requieran tratar con Gobernación deberá hacerse directamente con las autoridades correspondientes.

La secretaria también informó que existe disposición de la propia industria para actualizar la legislación que regula los casinos, al considerar que se trata de un marco jurídico que data de 1947.

No obstante, aclaró que los principales problemas que actualmente enfrenta el sector no necesariamente corresponden al ámbito administrativo de Gobernación, sino a investigaciones relacionadas con lavado de dinero y defraudación fiscal.

En ese contexto, mencionó que se han registrado sanciones y cierres de casinos, algunos de ellos derivados de investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Han de ser como unos 20”, calculó Rodríguez al referirse al número de establecimientos que han enfrentado este tipo de acciones, aunque precisó que no tenía la cifra exacta de memoria. Recordó que públicamente se ha informado del cierre de al menos 13 casinos.

La titular de Gobernación sostuvo que el mensaje para la industria es claro: pagar impuestos, regularizar a su personal y garantizar los derechos laborales, además de cumplir con las disposiciones legales.

“Paguen sus impuestos, tengan la regularización del personal, con los derechos laborales que estén en regla y no va a haber ningún tema con el Gobierno de México”, expresó.

Como parte de las medidas para evitar actos de corrupción durante las inspecciones, Rodríguez relató que pidió a los operadores de casinos grabar con sus teléfonos celulares cualquier visita de inspectores, independientemente de la dependencia a la que pertenezcan.

La misma instrucción, dijo, fue dada a los propios inspectores: deberán grabar los procedimientos de inspección cuando acudan a un establecimiento.

“Cuando llegue un inspector, cualquier inspector que llegara, no solamente de Gobernación, de otros lugares a hacerles una inspección, ustedes fílmenlo”, relató.

Y añadió que a los inspectores también les pidió utilizar sus teléfonos para dejar constancia del procedimiento.

Según Rodríguez, esta medida permitirá que tanto los empresarios como los funcionarios cuenten con evidencia de lo ocurrido durante las revisiones y reducirá espacios para posibles actos de corrupción o abusos.

La secretaria resumió la política de la dependencia hacia esta industria bajo una premisa: trabajar con honestidad y transparencia, al tiempo que se mantiene la vigilancia sobre un sector que, reconoció, presenta vulnerabilidades particulares frente a operaciones de lavado de dinero.

Finalmente, indicó que se trabaja en una eventual actualización de la legislación de casinos y que la propuesta deberá avanzar primero por el Gabinete de Seguridad antes de continuar con su proceso.