Congreso de Veracruz aprueba plan de saneamiento financiero de municipios

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Con 48 votos a favor, los diputados locales aprobaron el Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero que permitirá a 199 municipios liquidar la deuda derivada de la bursatilización contratada en 2008.

Durante la discusión del dictamen, legisladores de oposición reconocieron que la medida puede contribuir al saneamiento de las finanzas municipales; sin embargo, señalaron que no existe claridad sobre el origen de los recursos con los que el Gobierno del Estado cubrirá la liquidación anticipada de la deuda.

En el debate se mencionó que el monto de la operación asciende a mil 500 millones de pesos, de los cuales alrededor de 150 millones corresponden a la penalización por la terminación anticipada del contrato y otros mil 200 millones al pago de las emisiones bursátiles.

Al fijar postura, diputados de oposición señalaron que no estaban en tribuna para aplaudir al Gobierno del Estado y que lo aprobado no representa un cheque en blanco. También plantearon que no se puede condenar a los municipios a seguir pagando por decisiones tomadas en el pasado.

No obstante, advirtieron que el decreto otorga atribuciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que, a su juicio, corresponden al Congreso local y al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), además de que podría afectar la autonomía de los ayuntamientos.

PRI observa que Sefiplan asume atribuciones del Poder Legislativo

La diputada local del PRI, Ana Rosa Valdés Salazar, advirtió que el decreto obliga a los municipios que se adhieran al programa a destinar los recursos ahorrados por la liquidación anticipada de la bursatilización a fines determinados por el Ejecutivo estatal, lo que, a su juicio, contraviene el artículo 115 de la Constitución federal.

“Los municipios administrarán libremente su hacienda”, recordó, al sostener que no existe justificación para que el Ejecutivo estatal, a través de Sefiplan, supervise o determine el destino de recursos que corresponden a los gobiernos municipales.

“No es admisible que la Sefiplan emita las reglas de operación necesarias para la implementación del programa, porque esas reglas pueden cambiar cuando quien las emite lo estime necesario, y eso atenta contra el principio de certeza jurídica”, señaló.

La legisladora consideró que el proyecto invade atribuciones de otros órganos de control y fiscalización. “Las reglas las hace el Poder Legislativo y debieron haber pasado por nosotros, los diputados locales”, afirmó.

Aunque reconoció que es positivo generar mecanismos para que los ayuntamientos cuenten con mayores recursos para obra pública, insistió en que el PRI no respaldará medidas que, desde su perspectiva, limiten la autonomía municipal.

MC respalda plan para liquidar bursatilización

Por su parte, el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Ávila Estrada, recordó que el esquema de bursatilización aprobado hace 18 años incluyó una emisión ligada a las Unidades de Inversión (UDIS), cuyo crecimiento ha incrementado el costo financiero para los municipios.

“El resultado es contundente: si los municipios continuaran pagando hasta el año 2036, terminarían cubriendo casi cuatro veces el monto originalmente contratado. Por cada peso obtenido, se pagarían cerca de cuatro pesos”, afirmó.

PAN pide certeza sobre origen de recursos

Por su parte, la diputada local del PAN, Indira Rosales San Román, observó que la iniciativa no ofrece claridad suficiente sobre el origen de los recursos que aportará el Estado ni garantiza que la operación no derive en nueva deuda pública.

Afirmó que la principal preocupación de su bancada es conocer de dónde saldrán los mil 500 millones de pesos que el Gobierno estatal destinaría para liquidar anticipadamente la deuda bursátil de los municipios.

“Nos informaron hace un par de horas que los recursos saldrían de participaciones generales y de la recaudación local, pero no hay claridad de qué porcentaje de cada partida provendrán”, señaló.

Rosales San Román advirtió que, aunque la iniciativa establece que los municipios no contratarán nueva deuda, no existe una disposición expresa que garantice que el Gobierno del Estado tampoco recurrirá a financiamiento para cubrir el programa.

“Hubiéramos querido tener por escrito la certeza de que bajo ninguna circunstancia esto generará una nueva deuda para los veracruzanos”, expresó.

Además, consideró que el proyecto presenta posibles elementos de inconstitucionalidad al establecer que los municipios deberán destinar los recursos liberados a determinados rubros de inversión y permitir que la Secretaría de Finanzas y Planeación supervise su cumplimiento.

“Los municipios son autónomos y nadie puede decirles cómo gastar sus recursos. Entendemos que hay una buena intención, pero nadie puede imponerles el destino de esos recursos”, sostuvo.

Al discutir el dictamen, se pidió presentar la corrida financiera que envió Sefiplan para conocer cómo sería la liquidación de la deuda; y establecer en el dictamen que no habría contratación de deuda pública de parte del municipio, pero la mayoría lo  rechazó.

En la sesión ordinaria se justificó la asistencia de la diputada Daniela Barnils y del diputado Edmundo Martínez; además, pasaron lista, algunos después de la media hora, los diputados del PAN: Fernando Yunes Márquez, Enrique Cambranis Torres y Indira Rosales San Román; de Morena: José de Jesús Ruiz Carmona, Dulce Mária Hernánedz Tepole, Ivonne Selene Durán López, Reveriano Matrín, Luid Herrera Félix  y Bertha Ahued Malpica; así como del Verde Citlalli Medellín Careaga.

¿Qué se aprobó?

La propuesta establece que el Gobierno del Estado realizará las erogaciones necesarias para liquidar anticipadamente la totalidad de la deuda bursátil municipal y la prima por amortización anticipada. Para ello utilizará recursos estatales disponibles conforme a criterios de sostenibilidad financiera y disciplina hacendaria.

Según el proyecto, Veracruz asumiría una aportación equivalente a mil 205 millones de pesos, mientras que los municipios cubrirían alrededor de 401 millones de pesos, cantidad que sería recuperada por el Estado de manera periódica mediante mecanismos vinculados a participaciones federales.

Sin embargo, el respaldo financiero tendrá condiciones. Uno de los requisitos más relevantes es que los municipios deberán transparentar y etiquetar los recursos que se liberen con la cancelación de la deuda.

El decreto establece que los ayuntamientos estarán obligados a identificar, registrar, presupuestar y destinar exclusivamente a obra pública e inversión productiva los ahorros obtenidos por la liquidación anticipada de las obligaciones bursátiles.

Además, deberán informar periódicamente a Sefiplan sobre las obras y proyectos financiados con esos recursos y entregar evidencia documental, fotográfica y financiera que permita verificar la correcta aplicación del dinero.

La iniciativa incluso otorga facultades de supervisión directa a la dependencia estatal. «Permitir, atender y colaborar con las acciones de seguimiento, supervisión, verificación y control que lleve a cabo la Secretaría de Finanzas y Planeación respecto de la aplicación de los recursos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Programa y el destino de los ahorros generados», señala el Artículo Cuarto de la propuesta.

En otro apartado se establece que el Gobierno estatal podrá implementar mecanismos específicos para garantizar que los recursos efectivamente se utilicen en beneficio de la población.

La iniciativa señala que Sefiplan podrá «establecer la periodicidad, formatos, mecanismos de reporte y criterios de validación aplicables, y podrá requerir información adicional, realizar verificaciones y llevar a cabo las acciones de seguimiento que resulten necesarias para comprobar el adecuado destino de los recursos».

Incluso se prevén sanciones indirectas para los municipios que incumplan. El proyecto advierte que, si un ayuntamiento no acredita correctamente el uso de los recursos o los destina a fines distintos a los autorizados, la Secretaría podrá suspender temporalmente los beneficios derivados del programa hasta que se subsanen las observaciones.

La propuesta también obliga a los municipios a mantener disciplina financiera durante todo el periodo de recuperación de recursos. Para acceder a los beneficios del programa, deberán conservar mecanismos de control presupuestal y evitar la contratación de nuevos compromisos que comprometan su estabilidad financiera.