Exigen cancelación de planta tratadora en Papantla por riesgo de contaminación

Juan David Castilla/Xalapa. Habitantes de la comunidad de El Cedro, respaldados por organizaciones de la sociedad civil, han intensificado su exigencia para la cancelación inmediata de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que se construye de manera irregular en su territorio.

Los inconformes denuncian que la obra representa una amenaza directa para el ecosistema y para el derecho humano al agua de cientos de familias totonacas.

La principal preocupación radica en que, de entrar en funcionamiento, la planta descargaría aguas residuales sobre el arroyo local, afectando manantiales de agua dulce que abastecen no solo a El Cedro, sino también, a las poblaciones de Gustavo Díaz Ordaz, Santo Domingo, Boca de Lima, Río Blanco y Tres Cruces, estas últimas pertenecientes al municipio de Tecolutla.

El arroyo, señalan los vecinos, es un pilar de la vida comunitaria y hogar de especies protegidas como nutrias y acamayas. Desde el pasado 18 de septiembre, el Comité de Defensa de los Mantos Acuíferos de El Cedro solicitó formalmente al ayuntamiento de Papantla los estudios de impacto ambiental, permisos de suelo y autorizaciones de descarga ante la Conagua.

Sin embargo, la respuesta oficial llegó hasta el 12 de noviembre de forma ambigua, pues las autoridades admitieron no tener los documentos a la mano pese a que la obra ya cuenta con un 60 por ciento de avance.

De acuerdo con Miguel García, integrante del Comité en Defensa del Arroyo, los pobladores han instalado campamentos de vigilancia para frenar la construcción, la cual, aseguran, se inició sobre nacimientos de agua que surten a viviendas y escuelas de la región.

Los manifestantes denunciaron haber sido objeto de actos de intimidación y responsabilizaron directamente al gobierno municipal saliente y a la administración entrante por cualquier agresión que pudieran sufrir ellos o sus familias.

Los defensores del agua recordaron que este proyecto presenta irregularidades similares a las detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en otra planta ubicada en la comunidad de Francisco Villa, la cual fue dictaminada como «obra ejecutada de forma irregular» por carecer de factibilidad técnica y ambiental.

Los habitantes de El Cedro y comunidades vecinas reiteraron que no permitirán que su fuente de vida se convierta en un vertedero de contaminación. Hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que respeten la autodeterminación del pueblo totonaca y protejan el derecho a un medio ambiente sano, garantizando la transparencia que hasta ahora ha sido nula en el desarrollo de este proyecto.