Inconstitucional que la Contraloría regule el derecho a la información de municipios: Especialista

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Constitución, en su artículo 115, dicta que el gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado.

El martes 9 de junio, el Congreso de Veracruz aprobó la extinción del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), que era el órgano autónomo responsable de garantizar el acceso a la información.

La reforma a la ley determina que: los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

En ese sentido, se establece que los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos del Estado serán responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, siendo competentes para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados respectivos.

El texto deja abierta la posibilidad de que, desde la Contraloría General del Estado se busque garantizar el derecho al acceso a la información y datos personales de los ciudadanos.

Rubén Ricaño Escobar, director ejecutivo del Centro Municipalista de Desarrollo, planteó que la Contraloría Estatal no podría obligar a los municipios a transparentar el manejo de los recursos, sólo tendrán competencia -de acuerdo con la ley- a pedir a los órganos autónomos y a entidades del ejecutivo estatal a realizarlo.

“Si los alcaldes son respetuosos del municipio y saben de eso, si la Contraloría le pide algo a un municipio, porque una persona pide información, sería una llamada a misa. El IVAI tenía medidas punitivas, pero la Contraloría no”.

“Cuando se creó el IVAI a mí me tocó que hicieran conciencia los alcaldes (…) la dependencia con atribuciones limitadas para obligarlos era el IVAI y pasarle esa función al gobierno del estado es terrible, es el acabose de la violación de la autonomía municipal”.

El municipalista, dijo, lo ideal era dar atribuciones al Orfis, sin embargo, el órgano estaría limitado a pedir a los Ayuntamientos a transparentar información solo en los casos de los fondos que puede auditar el ente fiscalizador.

“Pero no podría obligar ni el Orfis ni la Contraloría informe de actos o hechos de competencia del ámbito municipal, de no hacerlo así sería una aberración constitucional, y cualquier Ayuntamiento puede iniciar una controversia constitucional. Ni el gobierno estatal ni federal puede sancionar a los municipios”.