Gobierno federal sanciona a 47 funcionarios y una empresa: hay inhabilitaciones de hasta 10 años y multas millonarias

El Gobierno de México dio a conocer una nueva serie de sanciones contra servidores públicos por irregularidades detectadas en instituciones como el IMSS, CFE, SAT, Pemex, Guardia Nacional, Sedena, SEP y Secretaría de Salud.

En total, 47 personas servidoras públicas y una empresa fueron sancionadas, con castigos que incluyen destituciones, suspensiones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas que, en conjunto, alcanzan los 4.6 millones de pesos.

Los expedientes abarcan casos muy distintos: desde irregularidades administrativas y contrataciones públicas hasta atención médica deficiente, documentos escolares no válidos, medicamentos que terminaron caducando y conductas de connotación sexual.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que las resoluciones derivaron de investigaciones realizadas por diferentes órganos de control y se determinaron conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

CFE y Sedena concentran algunas de las sanciones más altas
Entre los casos considerados graves aparece el de un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Puebla, quien recibió una inhabilitación por 10 años y una sanción económica de 33 mil pesos.

Según el reporte, durante 2024 presentó nueve incapacidades médicas con las que habría buscado evitar el descuento correspondiente a 22 días de salario. Dichas incapacidades no fueron reconocidas por la autoridad de salud competente.

En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra uno de los expedientes con mayor sanción económica. Una persona adscrita al Hospital Militar de Zona de Cinco de Mayo, Durango, recibió 10 años de inhabilitación, destitución y una multa de 651 mil pesos.

La resolución está relacionada con la falta de documentación para comprobar recursos utilizados durante 2021 y 2022 en víveres y consumo de gas LP para personal militar en comisión, además de la devolución de impuestos a la Tesorería de la Federación.

SAT: empresa recibe multa de 3.1 millones de pesos
Las investigaciones también alcanzaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una funcionaria fue inhabilitada durante 10 años y sancionada con 253 mil pesos por no solicitar oportunamente documentación necesaria para la defensa de diversos juicios, lo que habría impedido recuperar un crédito fiscal.

Además, una empresa recibió una de las mayores sanciones del paquete anunciado: 3.1 millones de pesos y cuatro años de inhabilitación. De acuerdo con la dependencia, en 2021 presentó facturas de vehículos alteradas para aparentar el cumplimiento de requisitos dentro de una licitación de servicios de transporte.

IMSS sanciona casos relacionados con atención médica y contrataciones
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacan expedientes relacionados directamente con la atención de pacientes.

Cinco trabajadoras del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco, fueron inhabilitadas durante un año. La investigación administrativa determinó que en 2021 no realizaron oportunamente un diagnóstico certero de una hemorragia cerebral, situación que impidió proporcionar el tratamiento adecuado y, según el comunicado, contribuyó al fallecimiento de un paciente.

En otro caso, un trabajador de la Unidad de Medicina Familiar 46 de Culiacán recibió una suspensión de 30 días debido a que no identificó correctamente los síntomas de un paciente ni realizó estudios básicos para evaluar su condición, lo que también habría contribuido a su fallecimiento.

También fueron suspendidas cinco personas relacionadas con procedimientos de contratación pública debido a irregularidades en la revisión de documentación.

Pemex: trabajador es inhabilitado por conducta de connotación sexual
En Petróleos Mexicanos (Pemex), un trabajador adscrito a la Gerencia de Servicios y de Logística Marina en Tamaulipas recibió una inhabilitación de un año.

La sanción deriva de hechos registrados durante 2025 relacionados con conductas verbales, físicas y visuales sobre la apariencia física y de connotación sexual hacia una persona que trabajaba para una empresa proveedora.

Medicamentos caducados provocaron sanciones en el sector salud
Otro de los casos se registró en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

Integrantes del Subcomité de Abasto conocían desde 2023 la existencia de medicamentos próximos a caducar y, de acuerdo con la investigación, no realizaron las funciones necesarias para impedir que los productos vencieran.

La Secretaría Anticorrupción señaló que esta situación ocasionó desabasto y afectaciones en la atención médica. Las sanciones incluyeron destituciones e inhabilitaciones de entre tres y seis meses.

En otro expediente, una trabajadora del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias recibió una suspensión de tres días por permitir la divulgación del expediente clínico y nombre de un paciente a una persona que no estaba autorizada para acceder a esa información.

Destituyen a cinco integrantes de la Guardia Nacional
La Guardia Nacional también aparece entre las instituciones involucradas.

Cinco personas adscritas a las oficinas centrales en Ciudad de México fueron destituidas de sus cargos después de presentar copias de certificados de estudios que no eran válidos.

La documentación era necesaria para obtener la licencia de portación de armas de fuego. El comunicado oficial utiliza el término “presuntamente” al señalar que los certificados habrían sido emitidos por la SEP.

Las sanciones alcanzan a más dependencias federales
La lista se extiende a otras instituciones. En el DIF se sancionó un caso relacionado con maltrato físico y psicológico contra dos menores; en la CFE también hubo suspensiones por negar información a la CNDH y por autorizar un contrato de suministro eléctrico para un inmueble con adeudos.

Asimismo, se reportaron procedimientos en la CNBV, Profeco, Conagua, Banjército, Fovissste e Indep, con sanciones relacionadas con manejo de documentación, viáticos, acoso laboral, contrataciones y auditorías.

Las personas involucradas mantienen su derecho a impugnar las resoluciones. La Secretaría Anticorrupción señaló que, si esto ocurre, defenderá las determinaciones emitidas.

La nueva serie de sanciones muestra la diversidad de conductas que pueden derivar en responsabilidades administrativas dentro del servicio público: desde incumplimientos documentales hasta casos con consecuencias económicas, laborales o relacionadas con la atención de personas.