Veracruz acumula 17 carpetas de investigación por aborto

Juan David Castilla

A pesar de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en Veracruz en julio de 2021, la entidad registra 17 carpetas de investigación por el delito de aborto en lo que va de la presente administración federal, ubicándose en la posición número 12 a nivel nacional, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) difundidas por la agencia de datos TResearch International.

El reporte estadístico «México en números» revela que a nivel nacional las carpetas iniciadas por este concepto aumentaron 10% durante junio de 2026, al contabilizarse 75 denuncias frente a las 68 reportadas en el mismo mes de 2025. Con ello, el acumulado del primer semestre de 2026 alcanzó los 466 casos en el país.

En el acumulado del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, se han aperturado mil 356 carpetas de investigación en todo México. 

De esta cifra, el 67% de los casos se concentra en solo tres entidades: Ciudad de México (355), Nuevo León (302) y Estado de México (256). 

Les siguen Baja California con 100 registros, Tamaulipas con 70, Guanajuato con 38, Michoacán con 27, San Luis Potosí y Oaxaca con 21 cada una, Morelos con 19, Hidalgo con 18 y Veracruz con 17.

Organizaciones civiles en la entidad han advertido que la persistencia de investigaciones ministeriales en Veracruz obedece a la falta de armonización en los protocolos del sector salud, desconocimiento del marco legal por parte de los cuerpos de procuración de justicia y denuncias procedentes de clínicas no reguladas o complicaciones médicas tratadas en hospitales públicos.

En el caso de Veracruz, donde el Congreso local aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en julio de 2021, colectivos y organizaciones civiles han señalado que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa abriendo expedientes por esta tipificación delictiva. 

Activistas en la capital del estado advierten que el mantenimiento de carpetas responde a vacíos en la armonización de la Ley de Salud local, la falta de difusión de los protocolos de atención médica segura y la persistencia de denuncias derivadas de establecimientos no regulados o complicaciones extrahospitalarias.