Proceso de desafuero contra alcaldes de Ixhuatlán y Úrsulo Galván sigue su curso

Yhadira Paredes 

Xalapa, Ver.- El martes concluye el plazo para que los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y de Úrsulo Galván presenten documentación, pruebas y alegatos en su defensa sobre los señalamientos emitidos por la Fiscalía General del Estado, dependencia que solicitó un juicio de procedencia en su contra.

El procedimiento de declaración de procedencia contra los ediles Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, de Ixhuatlán y de Úrsulo Galván sigue su curso en el Congreso del Estado, por lo que la entrega de la información se realiza en la Presidencia de la Comisión Instructora. 

Una vez cerrada esta etapa, las y los diputados que integran la comisión comenzarán el análisis del material presentado por las defensas, de acuerdo con los tiempos establecidos para el proceso legislativo, la Comisión Instructora dispondrá de tres días, de miércoles a viernes, para revisar los expedientes, estudiar la documentación entregada y determinar los siguientes pasos dentro del procedimiento.

Una vez concluido el análisis de las pruebas, la Comisión Instructora deberá emitir un nuevo citatorio para que los alcaldes o, en su caso, sus representantes legales, comparezcan ante ese órgano legislativo y expongan los argumentos que consideren necesarios para su defensa.

Esta comparecencia forma parte de las etapas previstas antes de que la comisión pueda emitir una resolución, por lo que el proceso aún está lejos de concluir.

Después de desahogar esa diligencia, la Comisión Instructora contará con un plazo de hasta 10 días hábiles para elaborar el dictamen correspondiente, documento en el que establecerá si existen o no elementos para que el procedimiento continúe.

La decisión final será del Pleno

Una vez concluido el dictamen, éste será turnado al Pleno del Congreso de Veracruz. La legislación establece que deberán transcurrir al menos 48 horas antes de que pueda enlistarse para su discusión y votación por las y los diputados.

Será en esa sesión donde el Congreso determine si procede o no retirar el fuero constitucional a los alcaldes involucrados para que puedan enfrentar los procesos legales correspondientes.

Mientras tanto, el procedimiento permanece en una etapa de integración y análisis de pruebas, por lo que aún no existe una determinación de fondo sobre los casos. Durante estos días, la Comisión Instructora se limitará a revisar la documentación presentada y a desahogar las diligencias previstas por la ley antes de emitir el dictamen que será sometido a consideración del Pleno.