Proyecto hidroeléctrico pretende entubar el 90% del río Nixtamalapa

Juan David Castilla/Xalapa. Comunidades de la región centro-norte de Veracruz se encuentran en alerta máxima ante la inminente resolución del Juzgado Decimoséptimo de Distrito, que este jueves 12 de marzo de 2026 definirá el futuro de los ríos Jalacingo y Nixtamalapa.

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) y la Alianza de Usuarios del Río Bobos-Nautla denunciaron que los proyectos de minihidroeléctricas en la zona plantean captar y entubar hasta el 90 por ciento del caudal natural del Nixtamalapa.

Emilio Rodríguez Almazán, integrante de Lavida, detalló que esta medida reduciría el cauce a niveles críticos, amenazando la biodiversidad y el ciclo hidrológico de una de las cuencas más vitales para el estado de Veracruz.

La preocupación de los habitantes radica en que la infraestructura proyectada no solo desviaría el flujo del Nixtamalapa para la generación de energía privada, sino que también contempla modificaciones al curso natural del río Jalacingo.

Las comunidades de Epapa, El Mohón, Cruz Alta, Limonateno, Guerrero, El Arco y el ejido Hueytamalco, que dependen directamente de los manantiales alimentados por estos cuerpos de agua, advierten que la ejecución de estas obras representaría un despojo del recurso hídrico, comprometiendo su derecho humano al agua y su subsistencia agrícola.

Para los defensores ambientales, evaluar estos proyectos de manera aislada es un error técnico y jurídico, ya que impide dimensionar el impacto acumulativo y devastador que sufriría la cuenca Bobos-Nautla en su totalidad.

El pronunciamiento de los colectivos subraya que esta batalla legal es parte de una resistencia histórica que suma más de veinte años de defensa territorial.

Los ambientalistas han presentado pruebas periciales ante el juzgado federal para demostrar que el modelo de «minihidroeléctricas» no es sustentable cuando sacrifica la salud de los ecosistemas locales en beneficio de intereses energéticos comerciales.

Sostienen que el bienestar de las poblaciones y la conservación de los servicios ambientales deben prevalecer sobre cualquier permiso de construcción, especialmente en un contexto de creciente escasez hídrica y crisis climática.

El fallo del jueves 12 de marzo es considerado un hito para la justicia ambiental en Veracruz, pues sentará un precedente sobre la protección de los ríos frente a proyectos extractivos.

Las comunidades han hecho un llamado enérgico al Poder Judicial para que actúe con ética y rigor científico, garantizando que el río Nixtamalapa siga fluyendo libremente.

Mientras se espera la resolución, las localidades afectadas se mantienen en asamblea permanente, reafirmando que el acceso al agua es un patrimonio colectivo que no debe ser conducido por tuberías para fines lucrativos ajenos al desarrollo de la región.