Justicia federal ordena protección inmediata del río Calabozo
febrero 5, 2026
Juan David Castilla/Xalapa. En un fallo considerado un hito para la justicia ambiental en Veracruz, el miércoles 4 de febrero fue notificada la resolución favorable de un juicio de amparo indirecto que obliga a las autoridades a rescatar y proteger el río Calabozo.
La sentencia surge tras casi dos años de litigio y establece un precedente constitucional sobre el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano en la entidad.
La batalla legal fue impulsada por los abogados Esaul Domínguez Cruz y Samuel Martínez Peñaloza, quienes fundamentaron el recurso en la grave crisis registrada durante la sequía de 2024.
En aquel periodo, el río no solo sufrió una disminución drástica de su caudal, sino que fue víctima de contaminación por descargas de aguas residuales y una explotación hídrica desmedida, condiciones que pusieron en riesgo la salud y el nivel de vida de los habitantes de Platón Sánchez.
La resolución judicial señala directamente las omisiones de diversas autoridades federales que, de manera reiterada, fallaron en implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación y restaurar el cauce.
Gracias a un planteamiento basado en el «principio de precaución» y el interés legítimo colectivo, el órgano jurisdiccional determinó que el Estado está obligado a adoptar acciones concretas y urgentes para garantizar el acceso al agua de las generaciones presentes y futuras.
Especialistas en derecho ambiental destacaron que esta sentencia fortalece la capacidad de la ciudadanía para exigir responsabilidad institucional frente a la crisis climática.
Los abogados promotores de la iniciativa calificaron el resultado como una victoria de la comunidad, subrayando que el derecho ha demostrado ser una herramienta eficaz para la protección de ecosistemas estratégicos.
Tras la notificación, defensores ambientales hicieron un llamado a la población para mantenerse vigilantes del cumplimiento de esta sentencia. Aseguraron que la recuperación del río Calabozo no solo dependerá de los decretos judiciales, sino de una participación social activa que garantice que las autoridades responsables ejecuten las obras de saneamiento y restauración que el fallo exige.