Dirigente del PAN entra al Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política

Isabel Ortega
Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE) inscribió a Federico Salomón Molina y a Roberto Martínez Archer, presidente y encargado de la Tesorería del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), respectivamente, en el Registro Local de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La inscripción deriva de una sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), al resolver una denuncia presentada por la secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Estatal del PAN, la diputada local Montserrat Ortega.

Como parte de la resolución, el dirigente partidista y el tesorero permanecerán inscritos en el registro durante un periodo de un año, al acreditarse violencia política en razón de género en la modalidad de violencia económica y obstaculización del ejercicio de funciones, en agravio de una trabajadora de identidad reservada que ocupa un cargo directivo.

La legisladora promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) ante el TEV, al denunciar actos de hostigamiento y obstaculización, luego de que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN declarara infundada su queja en el ámbito partidista.

Entre los señalamientos, acusó que no tuvo acceso al presupuesto del Comité Directivo Estatal ni a la información relacionada con un proveedor contratado para la ejecución del Programa Anual de Trabajo 2025.

Asimismo, denunció que no se le proporcionó la clave de acceso a la plataforma del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que le impidió cumplir con las atribuciones inherentes a su cargo.

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz concluyeron que las conductas atribuibles a ambos funcionarios partidistas constituyeron un menoscabo a la imagen pública de la denunciante, así como una afectación y obstaculización al ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales.

Además, consideraron que dichas acciones vulneraron el libre desarrollo de la función partidista y la toma de decisiones, las cuales son fundamentales no solo en el ámbito personal y profesional de la afectada, sino también para el adecuado desempeño del cargo que ocupa dentro del Comité Directivo Estatal del PAN.