Alcalde de Vega de Alatorre responde a declaraciones de la síndica

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Luego de que la síndica única de Vega de Alatorre, María de los Ángeles Caballero Solórzano, denunciara que el alcalde Felipe Mata Barradas incumplió el acuerdo para validar a su personal de confianza, el presidente municipal emitió un posicionamiento público en el que acusa a la funcionaria de intentar imponer nombramientos que, asegura, no cumplían con los principios del servicio público.

El conflicto escaló después de que el pasado 17 de febrero, con la intervención de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Veracruz —encabezada por el diputado Esteban Bautista Hernández— se firmara un acuerdo para destrabar la validación del equipo de trabajo de la sindicatura.

El legislador acudió personalmente al municipio para atestiguar el pacto, hecho que fue difundido por el propio Congreso, reconociendo la disposición de ambas partes. No obstante, un día después, la Sindicatura acusó que el alcalde dio marcha atrás y se negó a autorizar el alta del personal acordado.

Ante ello, Caballero Solórzano señaló que continuará con la denuncia ante el Tribunal Electoral por presunta violencia política en razón de género, al considerar que se han vulnerado sus derechos político-electorales. Incluso, informó que cambió las cerraduras de su oficina para resguardar la documentación del proceso de entrega-recepción.

En respuesta, el alcalde difundió un documento dirigido a la opinión pública, en el que afirma que desde el día de la toma de protesta la síndica “intentó imponer condiciones”, exigiendo la incorporación a la plantilla de una persona que —según su versión— no cumple con los principios de honorabilidad, respeto y ética que exige el servicio público.

Asimismo, sostiene que fue la propia síndica quien decidió presentar su renuncia tanto ante el Ayuntamiento como ante el Congreso del Estado, luego de que no prosperara su exigencia.

Añade que, pese a ello, se buscó un acuerdo institucional con la mediación de la JUCOPO, que derivó en la firma de un convenio para aprobar tres nombramientos: una secretaría, un chofer y un jurídico, siempre y cuando cumplieran con los perfiles adecuados.

El edil insiste en que su actuación responde a la obligación de garantizar la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración municipal.

Cabe recordar que, desde inicios de enero, tras la toma de posesión, ambas autoridades han mantenido un diferendo público. La síndica ha acusado que se intentó imponerle personal, incluida la sugerencia de nombrar a un familiar del alcalde, lo que —según su versión— rechazó para evitar incurrir en nepotismo. Esa situación derivó, afirma, en obstáculos para asumir plenamente sus funciones.

El conflicto continúa abierto y ahora se encuentra también en el ámbito jurisdiccional, mientras ambas partes sostienen versiones encontradas sobre el cumplimiento de los acuerdos y el respeto a sus atribuciones.