Red de mujeres feministas piden sanciones para funcionariados del CEJUM que se comporte de manera irrespetuosa y prepotente

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (REMUFEVER) expusieron que es necesaria una sanción ante el actuar del funcionariado o personal que se comporte de manera irrespetuosa y prepotente en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) así como que sea evaluado al personal que labora en las instancias de atención a mujeres que viven violencia.

Y es que, remarcaron en un pronunciamiento dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García y Ricardo Ahued Bardahuil, la importancia de que las personas que atienden temáticas tan delicadas como la violencia de género, cuenten con la capacitación y la empatía básica para hacerlo, pero también que quienes dirigen esos espacios tengan el perfil y la experiencia adecuados.

“Nos dirigimos a usted con preocupación debido a la situación que presenta el Centro de Justicia para las Mujeres, instancia que se creó para dar atención y acompañamiento a casos de violencia contra las mujeres en el estado. En los últimos días vimos como esa dependencia se ha visibilizado por los desafortunados hechos mediáticos a nivel nacional, que exhiben el mal actuar de una funcionaria de esa Institución”.

Exponen que, situaciones como ésa, revelan que personas del funcionariado carecen de herramientas y convicción para conducirse de manera adecuada en concordancia con lo que la institución representa y que, además, tienen introyectadas viejas prácticas como el soborno y el clasismo.

“En ese tenor enfatizamos que es inadmisible que el funcionariado público que atiende en esos espacios carezcan del perfil y la responsabilidad que debe asumir cada una de las personas que laboran en la atención directa a los usuarios de esos servicios. Siendo que deben regirse por Ley de Responsabilidades Administrativas en donde las repercusiones por acciones erróneas u omisiones, son muy claras”-
Plantearon que si bien reconocen que estas conductas no son de todas las funcionarias que laboran en instituciones como el CEJUM, sostuvieron que el fortalecimiento pendiente para ésta y otras instancias del tipo, no solo se cubrirá con presupuestos más amplios, sino también con poner especial atención y cuidado en definir quienes son designados/as para dirigir e integrar esas instituciones.

“Que tengan el perfil la experiencia y las credenciales adecuadas para laborar en áreas tan especializadas y sensibles”.

Por ello, hicieron un exhorto para que el gobierno, el primero que al frente tiene a una mujer en la gubernatura, marque la diferencia y les brinde la importancia nodal que tienen las instituciones encargadas de cumplir y vigilar por el acceso de las mujeres a sus derechos.

Y es que recordaron que el estado de Veracruz cuenta con dos alertas por violencia de género y está en espera de la resolución de una tercera.

“Por ello es esencial contar con instituciones que puedan echar a andar acciones factibles para prevenir, erradicar y sancionar la violencia, y es necesario que tengan personal capacitado, con perfil comprobable, sensibilizado y responsable para atender a las mujeres que acuden a ellas”.

En el caso del CEJUM, consideraron que debe verificarse la eficiencia de la atención telefónica y del seguimiento a la atención de casos que debe corroborarse sea según protocolos.

“Esto porque desde enero de 2025, se comunicó que este centro atendería casos de todo el estado, y sin embargo tenemos conocimiento de que algunas mujeres no han sido atendidas ni tampoco canalizadas a otras instancias para su expedita atención y adecuado seguimiento”.

También señalaron que la omisión de acciones ante situaciones evidentes que afectan sistemáticamente a las mujeres, constituyen violencia institucional esto de acuerdo a la Ley de acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, en sus niveles federal y estatal.

“Sirva este llamado, desde nuestra red con presencia estatal en favor de los derechos humanos de las mujeres, para que se tomen medidas que garanticen la erradicación de prácticas como comisionar personal que no cumple los lineamientos básicos ni el perfil para la atención directa a la población ni con lo que se necesita para atender la violencia contra las mujeres”.