Denuncian presunto fraude y cobros excesivos en escrituración de 103 predios en Córdoba

Juan David Castilla/Xalapa. Habitantes de la colonia Jardines del Sur, ubicada en la zona sur del municipio de Córdoba, solicitaron la urgente intervención de las autoridades estatales y municipales ante el riesgo de perder su patrimonio, debido a un conflicto jurídico e irregularidades en el proceso de escrituración de los terrenos que adquirieron y pagaron en su totalidad hace dos décadas.

Joel García, vocero de las 103 familias afectadas, detalló que después del año 2000 adquirieron los lotes mediante contratos de compraventa firmados directamente con el propietario original, identificado como Arturo Cienfuegos, desembolsando un monto promedio de 22 mil 500 pesos por predio en plazos a tres años.

A pesar de contar con las cartas de finiquito correspondientes que acreditan el pago total, el vendedor se ha negado de manera sistemática a firmar la liberación de los inmuebles.

En su lugar, canalizó a los colonos con una agrupación representada por Daniel Trujillo, quien presuntamente les exige cobros de hasta 70 mil pesos por lote para gestionar las escrituras, cifra que resulta inaccesible para la mayoría de los habitantes por tratarse de familias de escasos recursos.

«Nosotros ya tenemos 20 años con todos los servicios, agua, luz, predial y todo», enfatizó el representante vecinal, al señalar que han consolidado su patrimonio a lo largo de 20 años cumpliendo puntualmente con sus contribuciones municipales.

El conflicto escaló recientemente luego de que el representante de la asociación acudiera con maquinaria pesada al área verde del asentamiento para derribar árboles frutales. Según testimonios de los afectados, la persona amenazó con ejecutar acciones similares contra las viviendas alegando derechos de propiedad sobre la superficie total.

Ante esta situación, los colonos acusaron la posible fabricación de pruebas para invalidar sus títulos iniciales: «él, a través de la asociación, hizo un contrato falso fechado en 2002 para poder anular los contratos de compraventa de nosotros».

Asimismo, expresaron su preocupación por un fallo judicial adverso emitido por un juez que actualmente ya no se encuentra en funciones, lo que incrementa las sospechas sobre posibles irregularidades dentro del proceso penal y civil.

Ante el temor infundado de un desalojo, las 103 familias exigieron una revisión exhaustiva a la legalidad de la constitución de dicha asociación y el estatus catastral del predio por parte del Gobierno del Estado, con el objetivo de transparentar los antecedentes legales y garantizar la certeza jurídica de sus viviendas.