Sindicatos de Veracruz exigen frenar recortes en pensiones

Juan David Castilla/Xalapa. Representantes de 63 organizaciones pertenecientes al denominado Sindicalismo Veracruzano alzaron la voz en la capital del estado para exigir al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) el respeto irrestricto a la norma que establece el cálculo de jubilaciones con base en el último sueldo de cotización, rechazando la aplicación del promedio ponderado estipulado en la Ley 287 por considerar que lesiona severamente el patrimonio de los trabajadores en retiro.

En conferencia de prensa, Celeste Angelica Villegas Sánchez, secretaria general del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV) denunció que la aplicación del artículo quinto transitorio de la citada legislación —aprobada y publicada en julio de 2014— ha comenzado a generar afectaciones directas sobre el personal en proceso de jubilación, particularmente sobre aquellos trabajadores amparados bajo los regímenes de las antiguas Ley 5 y Ley 20.

El reclamo radica en que al momento de tramitar la baja laboral se reconozca formalmente como base salarial el último sueldo integrado percibido por el empleado, incluyendo los emolumentos, nivelaciones y ascensos escalafonarios logrados a lo largo de su trayectoria en el servicio público.

Las disposiciones vigentes afectan a quienes ingresaron entre el 16 de mayo de 1967 y el 31 de diciembre de 1996 (Ley 5), así como a los contratados del 1 de enero de 1997 al 21 de julio de 2014 (Ley 20).

Al aplicarles el promedio del salario regulador previsto en la Ley 287 en lugar del último salario base, el IPE promedia las aportaciones de los años que le faltaban al trabajador para cumplir las 30 cotizaciones al momento en que se promulgó dicha reforma.

Villegas Sánchez expuso que esta modalidad comenzó a reflejarse con mayor crudeza a partir del ejercicio 2025, derivando en mermas económicas sustanciales.

Detalló que las reducciones a las pensiones varían entre el 6 y el 35 por ciento de su monto original, alcanzando impactos promedio del 30 por ciento en aquellos expedientes donde los servidores públicos registraron movilidad o escalafón salarial en sus últimos años de servicio.

Ante este panorama, el bloque sindical veracruzano instó a las autoridades del IPE y al Gobierno del Estado a establecer una mesa de diálogo urgente para revisar las interpretaciones jurídicas de la Ley 287 y garantizar un retiro digno para el personal en transición de retiro.