Chapopote continúa en las playas; alcanzó 81 sitios en abril

Juan David Castilla/Xalapa. A diez semanas del inicio de la contingencia ambiental, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y comunidades costeras emitieron una alerta urgente al denunciar que las autoridades federales están minimizando sistemáticamente la magnitud del desastre.

Mientras el discurso oficial del grupo interdisciplinario de atención al derrame aseguró en marzo que las playas estaban «totalmente limpias», el monitoreo ciudadano ha documentado la presencia de hidrocarburos en al menos 81 sitios de un total de 113 afectados, abarcando 1,168 kilómetros de litoral desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas.

Los reportes más recientes, fechados el 20 y 21 de abril de 2026, confirman nuevos arribos de «chapopote» en Punta San Juan, Veracruz, y la Barra de Tupilco, Tabasco, lo que sugiere la existencia de depósitos de crudo en el fondo marino que siguen siendo arrastrados por las corrientes y los eventos de «Norte».

La devastación biológica registrada por las comunidades indígenas y pesqueras incluye la muerte de 22 tortugas marinas, 4 delfines, 1 manatí y numerosos peces y pelícanos, además de impactos visibles en manglares y sistemas arrecifales.

Las organizaciones ambientalistas advierten que la inspección visual de la Profepa y Pemex es insuficiente, pues no se han realizado estudios profundos sobre la presencia de tóxicos en sedimentos, agua y biota (peces y ostiones), lo que genera incertidumbre sobre la seguridad alimentaria en la región.

La Red Corredor Arrecifal señala que la respuesta institucional ha sido desigual, priorizando las zonas turísticas y dejando en el olvido a las comunidades rurales y rocosas, en lo que califican como una muestra de injusticia estructural hacia los pueblos originarios de Veracruz y Tabasco.

El derrame no solo ha herido el ecosistema, sino que ha fracturado el tejido social y la economía de las familias costeras. El temor a la contaminación de los equipos de pesca y la baja venta de productos marinos ha dejado a miles de personas sin sustento, mientras que las indemnizaciones anunciadas, de aproximadamente 15 mil pesos, han sido calificadas como insuficientes y excluyentes, ya que solo benefician a una fracción de los trabajadores registrados.

Las mujeres pescadoras y habitantes nahuas de zonas como Pajapan denuncian que la industria de hidrocarburos está afectando una herencia ancestral y el futuro de las nuevas generaciones, convirtiendo al Golfo de México en una «zona de sacrificio» protegida por un sistema que privilegia la extracción petrolera sobre la vida.

Ante la gravedad de la situación en este cierre de abril de 2026, la Red Corredor Arrecifal y las organizaciones firmantes exigen el establecimiento inmediato de una mesa de trabajo con participación del INPI y la implementación de un programa de monitoreo independiente que evalúe los riesgos a la salud humana por exposición al crudo.

La demanda central incluye la transparencia absoluta sobre la disposición de residuos peligrosos y la creación de una Zona de Salvaguarda en aguas someras que prohíba de forma definitiva las actividades de exploración y explotación en el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo.

Los ambientalistas hicieron un llamado a las autoridades para que dejen de abandonar la minimización del desastre y asumir una postura de protección y restauración integral ante lo que consideran un patrón sistemático de impunidad ambiental.