Padres de familia protestan en Xalapa para exigir equidad en procesos de convivencia

Juan David Castilla/Xalapa. Con la consigna nacional de «#SoyPapá no criminal», padres de familia protestaron este viernes en el centro de Xalapa para denunciar presuntas prácticas de obstrucción parental y exigir que las autoridades judiciales actúen con mayor equidad en los conflictos de custodia.

Los inconformes señalaron que, en múltiples casos, los procesos de convivencia se ven interrumpidos de manera arbitraria, lo que vulnera el derecho fundamental de los menores a mantener una relación sana con ambos progenitores.

De acuerdo con Francisco Javier González Villagómez, la movilización, que se replicó de manera simultánea en otras capitales del país, busca visibilizar que la aplicación de la ley en el ámbito familiar no siempre garantiza un «piso parejo», dejando a cientos de padres en la incertidumbre jurídica y el aislamiento emocional respecto a sus hijos.

Exigieron que el sistema de justicia en Veracruz aplique criterios de corresponsabilidad y sanción equitativa. Argumentaron que, así como el Estado es rigorista con quienes incumplen el pago de pensión alimenticia, lo cual reconocieron como una obligación aceptable, también debe establecer castigos ejemplares para quienes obstaculicen la convivencia o presenten denuncias falsas con el fin de romper los lazos afectivos.

Los padres subrayaron que la obstrucción no solo afecta a los adultos, sino que genera un daño psicológico profundo en los menores al ser utilizados como instrumentos de presión en conflictos económicos o personales entre los adultos.

Los manifestantes señalaron que, aunque estas situaciones afectan mayoritariamente a hombres debido a estereotipos de crianza, es una problemática que también impacta a mujeres y debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos y no de género.

Los papás buscan que el Poder Judicial del Estado de Veracruz fortalezca los centros de convivencia familiar y acelere las resoluciones de guardia y custodia, asegurando que el bienestar de los niños sea el eje rector de toda decisión legal por encima de los conflictos parentales.