Solicitan intervención de las autoridades estatales para evitar conflicto social tras disputarse territorio

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo y representantes jurídicos de ejidatarios de la Ampliación del Ejido de Ángel R. Cabada solicitaron la intervención de autoridades estatales para evitar un posible enfrentamiento entre ejidatarios y colonos, derivado de una disputa por aproximadamente 77 hectáreas de terreno.

Rafael Lindo Chaga, presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo, señaló que el conflicto se relaciona con una sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, cuya ejecución, dijo, se ha prolongado durante varios años y actualmente ha generado tensión entre los grupos involucrados.

«Hace dos días se suscitó un conflicto entre ejidatarios y colonos por una sentencia de un tribunal el cual es representado jurídicamente por el licenciado Lázaro de Jesús Matías. Traen peticiones para la gobernadora del estado y la fiscal porque hay varias trabas y se puede suscitar un conflicto de grandes magnitudes», añadió.

El asesor jurídico detalló que el origen del conflicto se remonta a un juicio agrario iniciado en 1998, identificado con el expediente 571/1998, en el que se disputó una superficie de 77 hectáreas entre ejidatarios de dotación y de ampliación.

De acuerdo con el abogado, en 2002 el Tribunal Unitario Agrario emitió una sentencia que ordenó a los ejidatarios de dotación entregar dicha superficie a los integrantes de la ampliación y señaló que tras causar ejecutoria la resolución, se ordenó realizar la entrega legal y material de los terrenos con lo que no se ha cumplido.

Sin embargo, aseguró que posteriormente comenzaron a ingresar personas a la superficie en disputa, donde se formó un asentamiento conocido actualmente como colonia El Mesón.

El representante legal sostuvo que algunas de las personas asentadas en el lugar cuentan con constancias de posesión que, según afirmó, fueron expedidas por integrantes del comisariado ejidal, pese a que la superficie ya había sido objeto de una sentencia judicial.