Tras cateo: trasladan a cuatro menores de Ixhuatlán del Sureste al DIF de Coatzacoalcos
noviembre 9, 2026
Isabel Ortega/Xalapa. Cuatro niñas, niños y adolescentes que permanecían bajo resguardo provisional del Sistema DIF de Ixhuatlán del Sureste fueron trasladados al DIF municipal de Coatzacoalcos, luego de un cateo realizado el sábado 7 de noviembre en un inmueble que era utilizado para su protección.
El procedimiento se realizó por determinación de la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo con la versión de Cinthya Celeste Álvarez Ramírez, presidenta del DIF de Ixhuatlán del Sureste, quien informó que el cambio de institución responsable del cuidado de los menores quedó asentado en un acta de entrega-recepción.
La funcionaria precisó que no se trató de una entrega a familiares ni de la conclusión de las medidas de protección, sino de un cambio de institución encargada de su resguardo provisional. Por ello, sostuvo que las autoridades deberán mantener el seguimiento sobre su integridad y las condiciones para una eventual reintegración familiar.
El traslado ocurrió después de que autoridades ministeriales ejecutaron una orden de cateo en una vivienda ubicada en la calle Juárez, utilizada para el resguardo de los menores, por la presunta denuncia de privación ilegal de la libertad de un menor.
De acuerdo con la relatoría de Álvarez Ramírez, durante la diligencia los agentes rompieron puertas y ventanas con un mazo, lo que también habría ocasionado daños en viviendas cercanas y alarma entre los vecinos.
Sin embargo, aclaró que al momento del operativo los cuatro menores se encontraban en las instalaciones del DIF municipal y no en el inmueble cateado.
La presidenta del organismo dijo desconocer si la forma en que se ejecutó la diligencia y el uso de la fuerza correspondieron a las condiciones establecidas en la autorización judicial, por lo que pidió investigar cualquier posible irregularidad.
Menores estaban bajo resguardo por disposición de la Fiscalía
El caso había generado atención pública desde finales de octubre, luego de que dos madres de familia difundieron publicaciones relacionadas con la situación de menores que permanecían bajo resguardo del DIF de Ixhuatlán del Sureste.
El 30 de octubre, la procuradora municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Débora Catalina Avendaño Jáuregui, explicó que los menores no estaban bajo resguardo por decisión unilateral del personal del DIF, sino por disposición de la Fiscalía, mientras las autoridades determinaban quién debía hacerse responsable de su cuidado.
La funcionaria señaló entonces que existían procedimientos pendientes de resolución: dos relacionados con uno de los menores y otro correspondiente a una adolescente.
Explicó que la Procuraduría municipal intervenía para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, mientras las autoridades ministeriales y judiciales determinaban las medidas correspondientes.
Dos días después de esas declaraciones, el 7 de noviembre, se realizó el cateo en el inmueble utilizado para el resguardo provisional y posteriormente los cuatro menores fueron entregados al personal del DIF de Coatzacoalcos.
Presidenta del DIF acusa persecución política
Tras los hechos, Cinthya Celeste Álvarez Ramírez difundió un pronunciamiento en el que defendió el procedimiento mediante el cual los menores permanecían bajo resguardo municipal y anunció acciones legales para defenderse de los señalamientos en su contra.
La funcionaria aseguró que el resguardo de uno de los menores contaba con conocimiento y autorización de la fiscal cuarta de la Fiscalía Especializada de Coatzacoalcos y del Juzgado Segundo de lo Familiar.
Esto, luego de que dijo haber tenido conocimiento de un documento judicial que contiene señalamientos contra ella y contra Débora Catalina Avendaño Jáuregui por una presunta privación de la libertad relacionada con un niño que estaba bajo resguardo del DIF.
Afirmó que su defensa, encabezada por el abogado Tomás Mundo Arriaza, presentará la documentación para acreditar las condiciones en que se encontraba el menor y defender sus derechos.
La presidenta del DIF también solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al denunciar presunto acoso contra ella, su esposo y su familia.
En su mensaje, sostuvo que los hechos tienen un trasfondo político relacionado con su esposo, Raúl González Martínez, y con la intención de desacreditarlo y apartarla de la presidencia del DIF municipal.
“Considero que existe un componente de persecución política dirigido a él, a mí, para desacreditarnos y para apartarme del DIF municipal. Esta es mi valoración de lo que estamos viviendo”, acusó.
