Dirigente del SNTE propone cárcel a quien presente denuncias falsas contra maestros

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local de Morena y dirigente de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Reveriano Marín Hernández, propuso reformar el Código Penal y la Ley de Educación de Veracruz para sancionar con dos a cuatro años de prisión a quien presente denuncias o quejas falsas contra docentes, directivos o personal de apoyo del sistema educativo.

La iniciativa propone adicionar el artículo 333 Bis al Código Penal del Estado para tipificar como delito la presentación de acusaciones falsas que deriven en procedimientos administrativos, judiciales o de supervisión escolar contra trabajadores de la educación.

De acuerdo con la propuesta, la sanción aplicaría a quien formule una queja, denuncia o procedimiento administrativo o judicial imputando hechos falsos o inexistentes en el desempeño profesional de un docente, directivo o personal de apoyo y asistencia a la educación. La pena prevista es de dos a cuatro años de prisión, además de una multa de 100 a 500 días de salario mínimo.

El legislador argumenta que la finalidad de la reforma es proteger a los trabajadores de la educación de acusaciones infundadas que puedan afectar su trayectoria profesional y su integridad laboral.

Como parte de la iniciativa también se propone reformar la Ley de Educación del Estado de Veracruz para establecer que, cuando se presente una queja o denuncia contra docentes, directivos o personal educativo, las autoridades deberán aplicar protocolos que garanticen el respeto a los principios de legalidad, objetividad, presunción de inocencia y debido proceso, evitando sanciones anticipadas o separaciones del cargo que vulneren sus derechos laborales y humanos.

Asimismo, se incorpora el derecho de madres, padres o tutores de presentar quejas o denuncias relacionadas con el personal educativo; sin embargo, la propuesta establece que deberán abstenerse de formular acusaciones de difamación, violencia, asedio o acoso que vulneran la dignidad y los derechos del personal docente cuando éstas carezcan de sustento.

En los artículos transitorios se plantea que, una vez que el decreto entre en vigor, las autoridades educativas estatales contarán con 90 días para adecuar sus protocolos de actuación, a fin de garantizar que toda denuncia presentada contra personal educativo sea atendida con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, presunción de inocencia y debido proceso.