Suspenden a notarios de Córdoba; fueron señalados de presunto fraude

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías emitió un acuerdo mediante el cual confirma la suspensión de dos notarios públicos del municipio de Córdoba.

Se trata de los abogados Ernesto de Gasperín Limón y Carlos Javier Limón Sánchez, quienes son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta responsabilidad en delitos de fraude.

Ambos fueron suspendidos de la función notarial tras ser vinculados a proceso por los delitos de fraude específico y fraude procesal, en agravio de la procuración y administración de justicia, así como del patrimonio.

Por estos hechos se integró la carpeta de investigación 344/2024, radicada en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, a cargo del juez Andrés García Velazco.

Ernesto de Gasperín Limón, titular de la Notaría Pública número 8, y Carlos Javier Limón Sánchez, titular de la Notaría Pública número 24, permanecerán suspendidos derivado de la emisión del auto de vinculación a proceso por la presunta comisión de un delito doloso. La medida se mantendrá hasta que la sentencia correspondiente cause ejecutoria.

Ante esta situación, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías designó a Rodrigo Assam Hinojosa, titular de la Notaría Pública número 22, como encargado de despacho de la Notaría número 8.

De igual forma, Rogelio Hernández Rodríguez, titular de la Notaría Pública número 13, fue nombrado encargado de despacho de la Notaría número 24.

Los fedatarios designados podrán dar continuidad a los trámites en curso, así como expedir testimonios, copias certificadas y demás documentos solicitados por los usuarios, correspondientes a instrumentos iniciados por los notarios suspendidos.

El encargo tendrá una duración máxima de 90 días naturales, periodo en el que deberán concluir los asuntos pendientes. Al término, deberán entregar el protocolo y archivo a la Dirección General, previa elaboración del inventario y las actas correspondientes, para su resguardo.